El Tribunal Administrativo de Boyacá negó la suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales Corpoboyacá sancionó al INPEC con una multa superior a $900 millones por infracciones ambientales en la cárcel CPAMS El Barne.
La sanción se originó por la captación de aguas sin concesión y la realización de vertimientos sin tratamiento ni permiso. Aunque el INPEC alegó que la responsabilidad recaía en la Uspec, entidad encargada de la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, el Tribunal concluyó que la autoridad ambiental sí tuvo en cuenta la distribución de competencias legales.
Según el despacho judicial, Corpoboyacá no sancionó al INPEC por omisiones administrativas, sino por ejecutar materialmente las actividades que vulneraron la normativa ambiental. Además, se destacó que durante el proceso sancionatorio el propio INPEC reconoció haber infringido las normas, justificando su actuar en las necesidades de la población privada de la libertad.
Al no encontrarse, en esta etapa inicial, una aparente vulneración del derecho ni irregularidades sustanciales en el procedimiento, el Tribunal determinó que no había lugar a la medida cautelar solicitada y dejó en firme la sanción mientras avanza el proceso judicial.
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