El Tribunal Administrativo de Boyacá decretó la pérdida de investidura de un concejal del municipio de Cuítiva, elegido para el periodo 2024-2027, al concluir que violó el régimen de incompatibilidades al ejercer simultáneamente como abogado litigante ante la Secretaría de Gobierno del mismo municipio.
La decisión se produjo tras una demanda presentada por el Personero Municipal, quien alegó que el cabildante actuó como apoderado de terceros ante una dependencia sobre la cual debía ejercer control político. Para la Sala Plena del Tribunal, esta actuación configuró una incompatibilidad expresa, pues implicó intervención procesal efectiva ante una autoridad municipal, vulnerando los principios de independencia e imparcialidad del cargo.
El fallo señaló que el concejal, con pleno conocimiento del marco legal, actuó de manera consciente y voluntaria, lo que llevó a calificar su conducta como dolosa dentro del proceso sancionatorio. Por esta razón, se dejó sin efecto su credencial y se ordenó llamar al siguiente candidato de la lista electoral.
Aunque el Tribunal no estudió la segunda causal invocada —indebida destinación de dineros públicos— por sustracción de materia, la decisión no fue unánime. Un magistrado salvó su voto al considerar que la mayoría desconoció una excepción legal que permite a los concejales ejercer su profesión cuando no interfiera con sus funciones ni comprometa al municipio. A su juicio, la interpretación adoptada vulneró derechos fundamentales como el trabajo y la libertad profesional.
Pese a la discrepancia, la decisión mayoritaria reafirma una lectura estricta del régimen de incompatibilidades para los concejales municipales.
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