La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, señalada de presuntamente ordenar el pago irregular de más de 1.697 millones de pesos a favor de un pensionado cuando se desempeñaba como jueza laboral del circuito de Barranquilla.
De acuerdo con el ente investigador, la funcionaria deberá responder por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, luego de que se evidenciaran posibles inconsistencias en decisiones judiciales relacionadas con el reconocimiento de obligaciones pensionales.
Según la investigación adelantada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2013, cuando la entonces jueza habría librado un mandamiento de pago que desconocía decisiones previas y pruebas documentales que indicaban que las mesadas reclamadas ya habían sido canceladas en su totalidad y dentro de los tiempos establecidos por el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS).
La Fiscalía sostiene que la actuación judicial incrementó injustificadamente el valor inicial de la obligación, que en 2010 había sido liquidada por la misma funcionaria en cerca de 571 millones de pesos. Posteriormente, la suma habría ascendido a más de 1.697 millones tras incluir pagos ya realizados, así como intereses moratorios e indexaciones que, según el organismo acusador, no procedían legalmente.
Uno de los puntos centrales del proceso es que el Tribunal Superior de Barranquilla había ordenado expresamente que el crédito debía fijarse en “cero”, al considerar que las obligaciones pensionales estaban totalmente cubiertas. Pese a ello, la decisión judicial posteriormente emitida permitió, presuntamente, el desembolso de recursos públicos adicionales.
La Fiscalía indicó que esta actuación habría favorecido al accionante del proceso, quien recibió dineros correspondientes a mesadas que ya habían sido pagadas oportunamente por el ISS, situación que habría generado un detrimento patrimonial para el Estado colombiano.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la vigilancia sobre las decisiones judiciales relacionadas con procesos pensionales y el control de los recursos públicos destinados al pago de obligaciones laborales y de seguridad social.
En Colombia, los delitos de prevaricato y peculado se encuentran entre las conductas más investigadas dentro de los procesos por corrupción pública. El prevaricato por acción ocurre cuando un servidor público emite una decisión manifiestamente contraria a la ley, mientras que el peculado por apropiación sanciona el uso o destinación irregular de bienes o recursos del Estado en beneficio propio o de terceros.
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