Los bienes afectados, valorados en más de 11.000 millones de pesos, habrían sido utilizados para facilitar la explotación sexual de menores de edad y actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
En una contundente acción contra las estructuras criminales dedicadas a vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre un inmueble y un establecimiento de comercio que operaba como motel en el centro de Medellín, presuntamente utilizados para facilitar actividades de explotación sexual de menores de edad.
Los bienes, cuyo valor preliminar supera los 11.000 millones de pesos, fueron afectados con medidas de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión, dentro de un proceso de extinción de dominio adelantado por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
De acuerdo con las investigaciones, las autoridades recopilaron elementos materiales probatorios que indicarían que el establecimiento habría servido como escenario recurrente para la explotación sexual de niñas y adolescentes, quienes eran ingresadas al lugar para ser sometidas a actividades relacionadas con el delito de estímulo a la prostitución.
Las evidencias obtenidas durante distintos operativos también permitieron establecer que el inmueble presuntamente era utilizado para el almacenamiento y comercialización de sustancias estupefacientes, situación que amplió el alcance de las investigaciones judiciales sobre las actividades ilícitas desarrolladas en el lugar.
La materialización de las medidas cautelares fue posible gracias a un trabajo articulado entre fiscales especializados, unidades de la Policía Nacional y miembros del Ejército Nacional, quienes ejecutaron las diligencias judiciales orientadas a privar a las organizaciones criminales de los recursos económicos obtenidos o utilizados para la comisión de delitos.
Según la Fiscalía, la extinción de dominio constituye una de las herramientas más importantes en la lucha contra las economías ilegales, pues permite afectar directamente los bienes que sirven de soporte financiero a las estructuras delictivas, independientemente de las investigaciones penales que se adelanten contra sus responsables.
Las propiedades intervenidas quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de custodiar y gestionar los bienes ocupados por el Estado mientras se define de manera definitiva su situación jurídica.
Las autoridades reiteraron que la protección de la niñez y la adolescencia sigue siendo una prioridad institucional y señalaron que continuarán adelantando acciones para identificar, judicializar y desarticular redes criminales que se lucran de la explotación sexual de menores de edad.
Este nuevo golpe patrimonial representa un avance en la estrategia nacional para combatir delitos que afectan gravemente la integridad y los derechos fundamentales de la población infantil, además de enviar un mensaje contundente contra quienes utilizan establecimientos comerciales para encubrir actividades ilícitas.
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