La nueva metodología permitirá identificar actividades agropecuarias de bajo impacto ambiental y fortalecer la conservación de los ecosistemas estratégicos más importantes del país.
En una decisión considerada clave para el futuro ambiental de Colombia, el Gobierno Nacional adoptó una nueva metodología que permitirá determinar cuáles actividades agropecuarias pueden desarrollarse en los ecosistemas de páramo sin comprometer su función ecológica ni la seguridad hídrica de millones de personas.
La medida fue formalizada mediante una resolución conjunta expedida por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, con el propósito de armonizar la protección de estos territorios estratégicos con los derechos y necesidades de las comunidades campesinas que históricamente han habitado estas zonas.
La herramienta, denominada Metodología para la Identificación de Actividades Agropecuarias de Bajo Impacto (MBIP), busca establecer criterios técnicos que permitan reconocer prácticas productivas sostenibles, así como orientar programas de reconversión y sustitución productiva en aquellos casos donde las actividades desarrolladas representen riesgos para la conservación de los páramos.
Estos ecosistemas, considerados verdaderas fábricas naturales de agua, abastecen a gran parte de la población colombiana y desempeñan un papel fundamental en la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático.
Según explicó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, la nueva normativa representa un avance en el cumplimiento de los compromisos ambientales del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Con esta resolución cumplimos un compromiso del Gobierno: proteger los páramos, asegurar prácticas agropecuarias sostenibles y garantizar agua y vida para las comunidades. Es un avance político y estratégico que demuestra que la gestión ambiental también es justicia social y garantía de futuro”, señaló la funcionaria.
Protección ambiental con enfoque social
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que incorpora un enfoque diferencial para los habitantes tradicionales de páramo y las organizaciones campesinas, reconociendo su relación histórica con estos territorios y la necesidad de construir soluciones concertadas.
La metodología será aplicada a personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades agropecuarias en páramos delimitados o en proceso de delimitación participativa. Sin embargo, las actividades destinadas exclusivamente al autoconsumo familiar no serán objeto de evaluación, una medida que busca proteger la economía básica de las familias rurales.
De igual manera, el instrumento técnico será revisado cada tres años por ambas carteras ministeriales, permitiendo su actualización frente a nuevas evidencias científicas, cambios ambientales y realidades territoriales.
Un paso hacia la sostenibilidad y la soberanía alimentaria
La adopción de esta metodología se enmarca dentro de la política pública de transición ecológica impulsada por el Gobierno Nacional y busca fortalecer simultáneamente la conservación ambiental, la soberanía alimentaria y los derechos del campesinado.
Expertos han señalado que uno de los principales desafíos en la gestión de los páramos ha sido encontrar un equilibrio entre la preservación de estos ecosistemas y las actividades económicas de las comunidades que dependen de ellos. La nueva metodología pretende convertirse en una herramienta para construir acuerdos territoriales y promover modelos productivos compatibles con la protección de las fuentes hídricas.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma su apuesta por una gestión ambiental participativa, basada en la articulación entre Estado, comunidades y sectores productivos, con el objetivo de garantizar la conservación de los páramos para las futuras generaciones sin desconocer la realidad social de quienes habitan estos territorios.
En un país donde más del 50 % de los páramos del planeta se encuentran dentro de sus fronteras, la implementación de esta metodología marca un nuevo capítulo en la búsqueda de un modelo de desarrollo que combine producción, sostenibilidad y protección de uno de los patrimonios naturales más valiosos de Colombia.
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