Una cuerda artesanal, tejida con sábanas y prendas de vestir, fue suficiente para que un ciudadano venezolano señalado de pertenecer al Tren de Aragua burlara los muros de la cárcel La Picota, en Bogotá. Detrás de esa fuga, ocurrida el 1 de abril y que durante meses pareció un simple fallo de seguridad, la Fiscalía General de la Nación encontró algo mucho más grave: un presunto pacto de silencio pagado con 500 millones de pesos.
La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía judicializó al dragoneante José Daniel Yunda Fajardo y al inspector Édgar Alfredo Melo Forero, dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) señalados de haber facilitado, a cambio de dinero, la evasión del interno, quien permanecía recluido con fines de extradición a Perú por el delito de homicidio agravado.
Una fuga que no fue casualidad
Según la reconstrucción de los hechos hecha por el ente investigador, la noche del escape los dos procesados habrían dejado deliberadamente abierta la puerta de la lavandería del penal, omitido la verificación reglamentaria del recluso durante los conteos de rutina y se habrían abstenido de activar la alerta de fuga o de registrar cualquier novedad en la minuta de servicio. Esa cadena de omisiones, sostiene la Fiscalía, no habría sido producto del azar sino de un plan orquestado desde adentro.
La ausencia del interno solo fue advertida al día siguiente, en horas de la mañana, cuando ya era demasiado tarde para reaccionar a tiempo. El hombre permaneció prófugo durante más de un mes, hasta que fue recapturado el 8 de mayo en Medellín.
Medio millón de razones
El expediente fiscal apunta a que los dos servidores penitenciarios habrían recibido 500 millones de pesos, cerca de 150.000 dólares, a cambio de garantizar la fuga. Con esas pruebas sobre la mesa, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio durante audiencias concentradas.
Yunda Fajardo y Melo Forero no aceptaron los cargos que se les endilgan. Pese a ello, una juez de control de garantías consideró que existían elementos suficientes para ordenar en su contra medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Un golpe más al Tren de Aragua en Colombia
El caso se conoce en un momento en que las autoridades colombianas insisten en que el Tren de Aragua ha perdido capacidad operativa en el país tras la captura de varios de sus principales cabecillas en Bogotá. Sin embargo, episodios como el de La Picota reavivan las dudas sobre las brechas de corrupción al interior del sistema penitenciario, que siguen siendo, según analistas de seguridad, uno de los puntos más vulnerables en la lucha contra las estructuras criminales transnacionales que operan en el territorio nacional.
La Fiscalía no descartó que la investigación continúe abierta para determinar si otros funcionarios del Inpec pudieron estar al tanto o involucrados en los hechos que permitieron la fuga del interno.
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