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La organización del Aguinaldo Boyacense 2026 volvió a encender el debate político en Tunja. La concejal Laura Silva cuestionó públicamente la forma en que la Alcaldía adelanta el proceso de contratación del evento, cuyo presupuesto oficial asciende a 10.000 millones de pesos, y anunció un debate de control político para exigir explicaciones.
Según la cabildante, el proceso se abrió por apenas cinco días calendario, de los cuales solo dos corresponden a días hábiles, y su adjudicación estaría prevista en la misma semana de las elecciones atípicas del próximo 26 de julio, en las que Tunja elegirá al alcalde que gobernará los próximos 15 meses.
«¿Cómo es posible que el contrato del Aguinaldo Boyacense se publique por solo cuatro días, sea por 10.000 millones de pesos y se quiera adjudicar en la misma semana de las elecciones atípicas?», cuestionó la concejal.
Silva también señaló que las cotizaciones conocidas hasta el momento corresponderían a operadores de Duitama y Sogamoso, y se preguntó por qué no se estaría considerando a empresas de la capital boyacense para ejecutar la logística del evento.
Otro de los puntos cuestionados por la cabildante tiene que ver con la distribución del presupuesto: aseguró que más de 7.500 millones de pesos del contrato están destinados a la contratación de artistas internacionales, mientras que, según afirmó, el sector cultural de Tunja no ha recibido recursos durante 2026. La concejal también hizo referencia al reciente cambio en la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, cuya salida de la anterior titular coincidió con la apertura del proceso contractual.
Frente a los cuestionamientos, la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, defendió el proceso y aseguró que su administración solo deja estructurada la contratación para evitar retrasos, mientras que el acta de inicio será firmada por el mandatario que resulte elegido en las elecciones atípicas.
La controversia por el Aguinaldo Boyacense se suma a otros procesos contractuales de gran magnitud impulsados por la administración encargada en los días previos al fin de su mandato, los cuales ya fueron remitidos a organismos de control para su respectiva revisión.