Cinco integrantes del Ejército Nacional fueron condenados a 20 años y dos meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en la tortura, el homicidio y la desaparición forzada de un campesino con discapacidad cognitiva, en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar del municipio de Frontino, Antioquia.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández suscribieran un preacuerdo judicial, avalado por un juez de conocimiento, mediante el cual reconocieron su participación en los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todos agravados.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima, identificada como Flórez Manco, de 27 años, fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha, luego descartada, de pertenecer a un grupo armado ilegal. Una vez en la base, fue desnudado, golpeado, amarrado y colgado de un árbol.
Las labores de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) establecieron que el hombre permaneció retenido cerca de cinco horas, tiempo durante el cual fue sometido a tratos crueles, entre ellos episodios de asfixia y sofocamiento, hasta que murió dentro de un baño de la base militar. Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro.
Tres semanas más tarde, las autoridades recuperaron el cuerpo y lo remitieron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la muerte fue consecuencia directa de los actos de tortura.
Este caso ya había dejado una primera condena. El teniente Leider Ortiz Ortiz, entonces comandante de la base militar, fue sentenciado también mediante preacuerdo a 20 años y tres meses de prisión por los mismos hechos.
El proceso continúa abierto contra el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes también fueron acusados y permanecen privados de la libertad mientras la justicia define su situación.
El caso, conocido públicamente meses atrás, ha generado un fuerte rechazo por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública contra un civil en condición de vulnerabilidad.
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