La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Luis Edmundo Suárez Soto, quien se desempeñó como viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Gustavo Petro, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en la contratación para el mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional.
Según la investigación, adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción del ente acusador, Suárez Soto habría intervenido en el proceso contractual sin tener competencia funcional para hacerlo, favoreciendo la adjudicación de un contrato firmado el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares con la empresa estadounidense Vertol Systems, la cual, de acuerdo con la Fiscalía, no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera exigidas para el proyecto.
Las autoridades sostienen que el exfuncionario participó en reuniones de estructuración para flexibilizar los requisitos del proceso, mantuvo comunicación directa con los contratistas y gestionó ante la Aerocivil un trámite necesario para la ejecución del contrato. También se le atribuye haber conocido informes técnicos y jurídicos que alertaban sobre el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista, pese a lo cual habría dispuesto que un funcionario en particular realizara la evaluación financiera.
Posteriormente, se modificó la forma de pago para autorizar un desembolso anticipado del 50 % del valor total del contrato. El 15 de abril de 2025 se giraron 16.231.700 dólares, aunque para ese momento solo se habían ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares. Tras declararse el incumplimiento del contrato, que venció en noviembre de 2025, permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó al exviceministro los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Suárez Soto no aceptó los cargos, por lo que el proceso continuará su curso en las etapas judiciales previstas por la ley.
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