El proceso judicial contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, avanza hacia una nueva etapa decisiva. Para el 14 de agosto quedaron programadas las audiencias preparatorias de juicio en su contra, luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente por los delitos de concusión y prevaricato por acción.
El mandatario permanece detenido desde el pasado 7 de mayo, cuando fue capturado por agentes del CTI cuando ingresaba a la Alcaldía del municipio. Tras varias jornadas de audiencia, un juez de control de garantías legalizó la captura y, el 20 de mayo, ordenó su reclusión en un centro carcelario. Actualmente cumple la medida de aseguramiento en instalaciones de la Policía en Bogotá.
De acuerdo con la investigación, los hechos comenzaron en junio de 2025, cuando Gamboa habría solicitado a la representante legal de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., la empresaria María Victoria Solarte Daza, vincular al publicista Juan Camilo Sánchez Torres para asesorar el trámite de ampliación de una licencia de construcción del proyecto San Cayetano, en la vereda Sabana. Según la Fiscalía, Sánchez Torres habría recibido cerca de 48 millones de pesos por honorarios durante casi un año de contrato.
La investigación sostiene además que en marzo de 2026 el alcalde habría exigido directamente a la empresaria 112 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento del valor de la modificación del permiso de obra. Aunque el mandatario retiró posteriormente esa exigencia, la Fiscalía determinó que tomó represalias contra la constructora: la Inspección de Policía de Villa de Leyva expidió la Resolución 025 del 11 de abril de 2026, que impuso una multa de 232 millones de pesos, ordenó la demolición de 5.200 metros cuadrados de obra y exigió el restablecimiento de la afectación ambiental en el predio.
Tras la negativa de la empresaria a acceder a las presuntas exigencias, esta acudió a las autoridades, lo que dio inicio a la investigación que terminó con la captura del alcalde y, el pasado 17 de julio, con la presentación formal del escrito de acusación ante un juez, documento de más de 20 páginas que incluye más de 100 elementos probatorios entre conversaciones de WhatsApp, registros bancarios, testimonios e informes periciales.
En el mismo proceso también fue llamado a juicio el publicista Juan Camilo Sánchez Torres, acusado por el delito de concusión por su presunta participación en los cobros irregulares.
Durante las audiencias preparatorias del 14 de agosto, la Fiscalía y la defensa expondrán ante el juez las pruebas que serán admitidas para el juicio oral, etapa en la que se definirá finalmente la responsabilidad penal del alcalde y del publicista, quienes hasta el momento no han aceptado los cargos en su contra.
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