Después de casi una semana de protestas, la comunidad de los municipios de Tuta, Cómbita, Sotaquirá y Oicatá levantó la manifestación que mantenía suspendido el cobro en el peaje de Tuta, ubicado sobre el corredor vial Briceño-Tunja-Sogamoso. La decisión se tomó tras la expedición de la resolución del Ministerio de Transporte que fija de manera oficial la tarifa diferencial exigida por los habitantes de la región.
La protesta había comenzado el sábado 1 de agosto, cuando decenas de personas de estos cuatro municipios levantaron las talanqueras y bloquearon de manera intermitente el paso de vehículos, en reclamo por el cumplimiento de los compromisos pactados meses atrás con el Gobierno Nacional. Durante los días de manifestación, la comunidad permitió el tránsito libre por la vía mientras esperaba la publicación oficial del documento.
Qué establece la resolución
El Ministerio de Transporte, entonces en cabeza de la ministra María Fernanda Rojas Mantilla, expidió la resolución con la que se actualiza el esquema de tarifas diferenciales del peaje de Tuta, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en junio pasado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las alcaldías de la zona y los voceros comunitarios.
El documento unifica las categorías de tarifa diferencial en un valor único de 2.500 pesos, incluido el aporte al Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), para los vehículos beneficiarios registrados en los cuatro municipios. Además, amplía la cobertura hasta cerca de 5.000 cupos, que se distribuyeron así: 2.680 para Tuta, 1.183 para Sotaquirá, 924 para Cómbita, 139 para Oicatá y 74 reservados para el INPEC.
La resolución también establece que el valor de la tarifa se actualizará cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y contempla un mecanismo de seguimiento periódico para revisar el uso real de los cupos asignados, con la posibilidad de ampliarlos si la demanda lo requiere.
Qué queda pendiente
Aunque la protesta llegó a su fin, líderes comunitarios señalaron que aún restan varios puntos por resolver junto a la ANI, entre ellos la puesta en marcha de mercados campesinos periódicos en la zona de influencia del peaje y la reglamentación específica de la resolución, que debe definir los tiempos de trámite para la tarjeta TIE y la solicitud de documentos de los beneficiarios.
Los voceros de la comunidad destacaron que la resolución tiene vigencia indefinida, mientras que la concesión vial se extiende hasta el año 2031, por lo que esperan que el nuevo Gobierno Nacional, que asumió funciones el pasado 7 de agosto, respete y mantenga los compromisos adquiridos con las comunidades boyacenses.
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