El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena en contra de Francisco Javier Estupiñán Bravo, exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, señalado por su participación en uno de los episodios de corrupción que afectaron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tras revisar los términos del allanamiento de cargos, la Sala ajustó la pena a 9 años, 11 meses y 27 días de prisión, luego de que el procesado suscribiera un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación mediante el cual se comprometió a entregar información relevante para la investigación.
Según estableció el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Estupiñán Bravo intervino en el direccionamiento y la adjudicación irregular de una orden de proveeduría dentro de la UNGRD a favor de Yapurutú, por un valor cercano a los 29.000 millones de pesos, destinada al suministro de 40 carrotanques para comunidades de La Guajira.
La investigación determinó que el sentenciado anexó una certificación en la que garantizaba la disponibilidad inmediata de los vehículos, información que no correspondía a la realidad. Con base en esos documentos, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 se tramitaron desembolsos por 25.375 millones de pesos, pese a que los carrotanques se encontraban todavía en etapa de ensamblaje.
El proceso contractual dejó al descubierto sobrecostos por 11.114 millones de pesos. De ese total, Estupiñán Bravo y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones de pesos, mientras que otros 6.784 millones habrían beneficiado a terceros.
Además de la pena privativa de la libertad, el condenado quedó inhabilitado por 119,9 meses para ejercer derechos y funciones públicas, y deberá pagar una multa de 5.000 millones de pesos por los recursos apropiados, junto con una sanción adicional equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por otra parte, un juez de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad pactado entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía, en el que el procesado se comprometió a aportar información sobre otros implicados en el entramado de corrupción, reparar económicamente los perjuicios ocasionados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas. Con esta colaboración, la acción penal en su contra cesó parcialmente por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravada y falsedad en documento privado.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá quedó en firme y hace parte de las actuaciones judiciales que se adelantan por el llamado megasaqueo a la UNGRD.
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