La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas más por el presunto direccionamiento de contratos en la Caja de Compensación Familiar de Nariño, con lo cual el número de imputados en este entramado de corrupción asciende ya a nueve.
Los nuevos judicializados son el exdirector de la entidad, Diego Raúl Blanco Pérez, y los contratistas Juan Pablo Apraes Castañeda, Liliana Goretti Osorio Villota, Miriam Andrea Martínez Ega y Jaime Alejandro Narváez Arévalo. Blanco Pérez fue capturado en Montería, Córdoba, y estuvo al frente de la entidad entre mayo de 2025 y julio de 2026.
Según la Fiscalía, entre octubre de 2025 y mayo de 2026 funcionarios y contratistas se habrían apropiado de recursos públicos mediante procesos contractuales simulados. Las evidencias señalan que en la caja se direccionaron ocho contratos por más de 9.804 millones de pesos, financiados con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec). Sobre ese monto se desembolsaron anticipos por más de 2.942 millones de pesos, equivalentes al 30 % del valor contratado.
De acuerdo con la investigación, se habrían diseñado invitaciones públicas a la medida de contratistas previamente concertados y fraccionado los contratos en cuantías menores para eludir la pluralidad de oferentes, a cambio de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos. También se identificaron estudios previos y pliegos con requisitos restrictivos, ajustados a empresas preseleccionadas sin idoneidad operativa real.
Blanco Pérez, como ordenador del gasto, es señalado de avalar las actas de adjudicación en el comité de compras para favorecer a oferentes específicos, quienes conocían de antemano los términos de referencia y, en algunos casos, habrían prestado sus nombres para que terceros se apropiaran de los recursos.
Un fiscal de la Seccional Nariño imputó a los procesados los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Blanco Pérez y Osorio Villota aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías dispuso que todos los investigados cumplan medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
Con este resultado, se amplía el número de personas vinculadas al caso, que en agosto ya había dejado judicializadas a otras cuatro personas, entre ellas la subdirectora de servicios de la caja y un exsecretario de Gobierno de Nariño, por su presunta participación en la misma red.
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