Cuatro vehículos abandonados con cargamentos de marihuana terminaron convirtiéndose en una de las principales pistas para que la Fiscalía identificara una presunta organización dedicada al transporte de estupefacientes desde el Cauca hacia diferentes regiones del país.
La investigación abarca hechos ocurridos entre septiembre de 2023 y noviembre de 2025 en Balboa, Risaralda; Guacarí y Buga, Valle del Cauca, y La Tebaida, Quindío. En los procedimientos fueron incautados 461 kilos y 467 gramos de marihuana, que, según la investigación, provenían de zonas de producción ilegal de Corinto, Caloto y El Palo, en el Cauca.
De acuerdo con la Fiscalía, los vehículos eran abandonados en las vías cuando sus ocupantes buscaban evitar los controles de las autoridades. En algunos casos, posteriormente se habría denunciado falsamente el hurto de los automotores, con el propósito de intentar recuperarlos sin relacionarlos con los cargamentos de droga.
La investigación permitió la captura y judicialización de Andrés Osvaldo Cuero Arroyo, Migdonio Manuel Ordóñez Silva, Juan Camilo Martínez y Francisco Eliezer Orovio Mina. La Fiscalía señala a Cuero Arroyo de coordinar la adquisición y el traslado de la marihuana; a Ordóñez Silva, de realizar labores de vigilancia, y a Martínez y Orovio Mina, de transportar los cargamentos.
Los cuatro fueron imputados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Además, Cuero Arroyo enfrenta una imputación por violencia contra servidor público y Martínez por falsa denuncia. Ninguno aceptó los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.
La judicialización no constituye una condena: la responsabilidad penal de los procesados deberá definirse mediante las decisiones correspondientes dentro del proceso judicial.