El Gobierno Nacional adoptó una medida extraordinaria para evitar que familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto pierdan o retrasen transferencias monetarias debido a la imposibilidad de cumplir temporalmente algunas verificaciones exigidas por los programas sociales.
El Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026 autoriza a Prosperidad Social a suspender de manera excepcional determinadas verificaciones y corresponsabilidades cuando estas dependan de infraestructura, servicios o sistemas de información afectados por la emergencia. La medida puede aplicarse hasta por 12 meses y se levantará progresivamente cuando las condiciones permitan retomar los procesos de verificación.
La disposición cobija a beneficiarios de Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven en los municipios afectados. Prosperidad Social reportó que, en esas zonas, la cobertura comprende 258.018 hogares de Renta Ciudadana, 237.363 hogares de Compensación del IVA, 1.255.622 personas de Colombia Mayor y 64.107 participantes de Renta Joven. Las cifras corresponden a hogares y personas y no representan un total de beneficiarios únicos.
La medida responde a las dificultades generadas por los daños ocasionados en colegios, centros de salud, viviendas, vías y sistemas de información utilizados para verificar requisitos de los programas. La suspensión no será automática para todos los beneficiarios: Prosperidad Social determinará mediante actos administrativos los municipios y verificaciones que quedarán temporalmente exceptuados.
El Gobierno aclaró que la decisión no representa la creación de un nuevo subsidio ni un aumento en los valores de las transferencias. Su propósito es mantener la continuidad de los pagos a quienes ya hacen parte de los programas y evitar que la emergencia les impida cumplir requisitos cuya verificación depende de servicios afectados por el terremoto.