La organización del Aguinaldo Boyacense 2026, una de las festividades más representativas de Tunja, quedó bajo investigación de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso de contratación. La indagación busca establecer si hubo fallas en los estudios previos y en la selección del contratista, así como posibles deficiencias en la claridad de los costos y las condiciones del servicio.
El contrato, cuyo presupuesto reportado asciende a 10.000 millones de pesos, ya había generado cuestionamientos por los plazos del proceso y los requisitos exigidos a los proponentes. La Procuraduría ordenó practicar pruebas para determinar si se presentó alguna falta disciplinaria.
Entretanto, el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, informó que la Administración Municipal adelanta una revisión jurídica del convenio y espera definir en los próximos días qué decisión tomar sobre su continuidad.
La indagación se encuentra en etapa preliminar y no implica que se hayan demostrado irregularidades ni responsabilidades individuales. El futuro del contrato será clave para determinar cómo se desarrollará la edición 71 del Aguinaldo Boyacense.
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