El Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó a varias entidades públicas identificar y recuperar las áreas afectadas por incendios en el complejo de páramos de Pisba y el Parque Nacional Natural El Cocuy, mediante medidas preventivas destinadas a proteger estos ecosistemas estratégicos.
La decisión, adoptada el 8 de octubre de 2026 dentro de una acción popular presentada por la Fundación Little Guardians, establece que las entidades involucradas deberán formular planes de acción con las áreas por intervenir, las actividades de restauración, los responsables y los cronogramas de ejecución. Entre las medidas contempladas están la recuperación de la vegetación, la reforestación con especies nativas y el control de la degradación del suelo.
Uno de los antecedentes analizados fue un incendio reportado el 28 de febrero de 2026 en el sector Pico del Caracol, en el páramo de Pisba. Según la documentación revisada por el Tribunal, las condiciones climáticas y las dificultades de acceso impidieron establecer con precisión el lugar del incidente. Además, no se encontró información suficiente sobre los daños ecológicos ni sobre las acciones posteriores de recuperación.
La providencia también ordena a las entidades accionadas y vinculadas abstenerse de reducir o modificar el régimen de protección ambiental de los territorios involucrados con fundamento en el deterioro de sus condiciones ecológicas, mientras se adopta una decisión definitiva en el proceso.
Aunque el Tribunal negó las medidas cautelares solicitadas inicialmente para reforzar la verificación y respuesta ante posibles incendios, decretó de oficio estas medidas preventivas para avanzar en la identificación de las zonas afectadas y su recuperación.
La decisión involucra a entidades como la Gobernación de Boyacá, Corpoboyacá, Corporinoquia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ministerio de Ambiente, además de varios municipios de Boyacá y departamentos vecinos.
El proceso busca fortalecer la protección de ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y el abastecimiento de agua, mientras la justicia administrativa continúa evaluando las condiciones de prevención, atención y recuperación ambiental en estas zonas de alta montaña.