El presidente Abelardo De La Espriella anunció el fortalecimiento de la seguridad en la frontera con Venezuela, con la construcción de infraestructura de vigilancia, barreras de control y mayor presencia de la Fuerza Pública en los pasos clandestinos. La decisión fue presentada el 3 de noviembre de 2026 desde el puente internacional Atanasio Girardot, conocido como Tienditas, en Norte de Santander.
Según el mandatario, entre el 7 de agosto y el 30 de octubre se registraron cerca de un millón de movimientos de entrada y salida por este paso fronterizo. El Gobierno busca impedir que las organizaciones criminales utilicen las trochas para actividades como el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas.
Sin embargo, el anuncio también abre interrogantes sobre su efectividad. Analistas consultados por Caracol Radio señalaron que el éxito de la estrategia dependerá de la cooperación con Venezuela, el intercambio de información de inteligencia y la coordinación entre las autoridades de ambos países. También advirtieron sobre los posibles efectos de los controles en la economía de Cúcuta, que mantiene una estrecha relación comercial con el estado Táchira.
Las preocupaciones no son menores. El 6 de noviembre, representantes de sectores económicos cuestionaron las recientes deportaciones de ciudadanos venezolanos hacia la frontera y advirtieron que trasladar personas desde otras ciudades hasta Cúcuta, sin una coordinación efectiva con las autoridades venezolanas, podría agravar los problemas de seguridad de la región.
El debate, por tanto, no se limita a respaldar o cuestionar el endurecimiento de los controles. Recuperar el control territorial y combatir las estructuras criminales es una responsabilidad del Estado; sin embargo, las barreras físicas y los anuncios de mayor vigilancia no garantizan por sí solos resultados duraderos.
La estrategia deberá demostrar que puede reducir los delitos, recuperar los pasos ilegales y proteger a las comunidades fronterizas sin paralizar el comercio ni afectar a quienes cruzan legalmente por motivos laborales, educativos y familiares. El principal desafío para el Gobierno será convertir los anuncios en resultados verificables. La seguridad fronteriza no puede medirse únicamente por el número de operativos o deportaciones, sino por la reducción de la criminalidad, la recuperación del control institucional y la tranquilidad de quienes viven y trabajan en ambos lados de la frontera.
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