La movilidad en Tunja vuelve a estar en el centro del debate. Después de las protestas del gremio de taxistas y los compromisos anunciados por la Administración municipal, ya se firmó un convenio por 388 millones de pesos para reforzar los controles de tránsito. Sin embargo, persisten interrogantes sobre las soluciones de fondo que necesita la capital boyacense.
El acuerdo, suscrito el 4 de noviembre entre la Alcaldía de Tunja y el Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY), contempla una inversión superior a los 300 millones de pesos por parte del organismo departamental y una contrapartida municipal de aproximadamente 88 millones en apoyo logístico y operativo.
Uno de los principales componentes será la disponibilidad de hasta 36 agentes de tránsito para fortalecer los controles en las vías urbanas y rurales. Además, durante diciembre se contempla la incorporación de 30 agentes adicionales para atender el incremento de la circulación vehicular propio de la temporada de fin de año.
Aunque el convenio representa un respaldo institucional, la pregunta es si más agentes y operativos serán suficientes para resolver los problemas de movilidad que durante años han afectado a los tunjanos.
El Pico y Placa sigue sin una decisión definitiva
Otro de los compromisos anunciados por el alcalde Rafael Acevedo Pedroza es revisar la medida de pico y placa. Para ello, la Administración adelanta gestiones con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), con el propósito de evaluar posibles modificaciones a partir de estudios de movilidad.
El mandatario también ha señalado la necesidad de revisar la regulación de motocicletas y avanzar en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, instrumento fundamental para proyectar nuevas vías y planificar el crecimiento de la ciudad.
No obstante, mientras se conocen los resultados de estos estudios, los ciudadanos siguen esperando respuestas concretas frente a los trancones, la congestión en sectores estratégicos y las dificultades para movilizarse en diferentes horarios.
Los recursos y los resultados, bajo la lupa
La inversión anunciada merece seguimiento. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ejecutarán los recursos, en qué sectores estarán los agentes, cuáles serán las metas de reducción de siniestros y qué resultados se obtendrán al finalizar el convenio.
También será necesario establecer si el refuerzo operativo tendrá continuidad después de diciembre o si se trata únicamente de una estrategia temporal para atender la temporada de mayor movilidad.
La discusión no puede limitarse al enfrentamiento entre taxistas y conductores que utilizan plataformas digitales. Tunja necesita una política integral que incluya transporte público eficiente, planificación urbana, infraestructura vial, educación ciudadana y controles efectivos.
Por ahora, el convenio ya está firmado, pero el verdadero balance no se medirá por los millones anunciados ni por el número de agentes desplegados, sino por los cambios reales que perciban los ciudadanos en las calles.
La pregunta sigue abierta: ¿está Tunja avanzando hacia una solución estructural de sus problemas de movilidad o simplemente está reforzando los controles sin resolver las causas de fondo?
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