El Tribunal Administrativo de Boyacá ratificó una multa de dos salarios mínimos contra el gerente zonal de Nueva EPS por no garantizar los insumos médicos ordenados para una paciente. Además, estableció nuevos criterios para identificar a los responsables de cumplir los fallos judiciales en materia de salud.
Un nuevo pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Boyacá puso nuevamente en el centro del debate el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de Nueva EPS. La corporación confirmó una sanción económica contra un funcionario de la entidad por desacatar una tutela que protegía los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de una paciente en Sogamoso.
La decisión, adoptada el 11 de noviembre de 2026 y divulgada por el Tribunal el 18 de noviembre, revisó la sanción impuesta por el Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso, luego de establecer que Nueva EPS no había entregado oportunamente los medicamentos e insumos necesarios para tratar una herida crónica en una de sus afiliadas.
La tutela, fallada inicialmente en octubre de 2025, ordenaba garantizar el suministro de productos médicos especializados para el tratamiento de la paciente. Sin embargo, ante la persistencia del incumplimiento, su familia acudió nuevamente a la justicia y solicitó la apertura de un incidente de desacato.
Durante el trámite, el juzgado encontró que no existían pruebas de cumplimiento y sancionó con una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes al gerente zonal de Boyacá, Jardiel Horacio Bernal Cárdenas, y al entonces identificado como su superior jerárquico, Salvador José Berrocal Narváez.
Al estudiar el caso, el Tribunal confirmó la sanción contra Bernal Cárdenas, al encontrar demostrado el incumplimiento de la orden judicial y su responsabilidad en la gestión necesaria para garantizarla. No obstante, revocó la multa impuesta a Berrocal Narváez, debido a que ya no ocupaba el cargo que lo identificaba como superior jerárquico competente para responder por el cumplimiento.
Uno de los aspectos más relevantes del pronunciamiento es la actualización de los criterios para establecer quiénes deben responder por las órdenes judiciales relacionadas con servicios de salud en Nueva EPS. Según el Tribunal, el responsable directo en Boyacá es el gerente de zona, mientras que su superior jerárquico, para efectos de los trámites de desacato, es el gerente de Prestación Efectiva de la entidad.
Esta precisión se fundamenta en la Resolución 0006-2026 de Nueva EPS, expedida el 2 de octubre, que establece una cadena institucional de responsabilidades para atender los fallos de tutela.
La corporación también recordó que imponer una sanción por desacato exige verificar el debido proceso, el incumplimiento efectivo de la orden, la responsabilidad individual del funcionario y la proporcionalidad de la medida. Por eso, la identificación de un cargo no significa que su titular pueda ser sancionado automáticamente.
El Tribunal insistió en que el desacato no busca simplemente castigar a los funcionarios, sino conseguir que las decisiones judiciales se cumplan y que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean protegidos de manera efectiva.
El mensaje para Nueva EPS y las demás entidades responsables de prestar servicios de salud es claro: las órdenes de los jueces no pueden quedarse en el papel. Cuando una tutela protege la vida y la salud de un paciente, su cumplimiento debe ser oportuno, verificable y efectivo.