El Ministerio de Trabajo ha tomado cartas en el asunto ante la situación de trabajadores de la Empresa Social del Estado (ESE) Santiago de Tunja, cuyos contratos no fueron renovados, aparentemente como represalia por su participación en recientes movilizaciones en demanda del pago de salarios atrasados.
Al menos ocho trabajadores de la ESE denunciaron la no renovación de sus contratos para el año 2024 por parte de la empresa temporal encargada de la tercerización del personal de la entidad de salud. La presunta represalia estaría relacionada con la participación de estos empleados en las movilizaciones que exigían el pago de sus salarios pendientes.
Javier Bayona, delegado territorial del Ministerio en Boyacá, confirmó a Caracol Radio que la entidad gubernamental ha iniciado una investigación al respecto y ha requerido a la ESE Santiago de Tunja para que proporcione la nómina de trabajadores del mes de enero. Este requerimiento tiene como objetivo determinar si existió justa causa para la no renovación de los contratos y es parte de una etapa de diálogo con las tres partes involucradas: la ESE, la empresa temporal y los trabajadores afectados.
Bayona explicó que el Ministerio ha tenido que intervenir en situaciones similares en el pasado en relación con la ESE Santiago de Tunja. Reveló que, en menos de un mes, se han presentado casos asociados a presuntas vulneraciones de derechos de los trabajadores en dicha entidad de salud.
La complejidad del tema se ha exacerbado por la deuda que la ESE Santiago de Tunja mantiene con la empresa de servicios temporales. En el diálogo entre las partes, se descubrió que la entidad de salud adeuda 1.500 millones de pesos a la empresa temporal por el suministro de personal. Este impago llevó a que la empresa temporal no pudiera cumplir con las obligaciones salariales, lo que desencadenó la intervención del Ministerio de Trabajo.
Bayona indicó que, en un esfuerzo por solucionar la situación, la alcaldía otorgó un préstamo de 1.500 millones de pesos a la ESE Santiago de Tunja para ponerse al día con sus obligaciones. Este acuerdo se formalizó mediante un acta de compromiso, que, según Bayona, se cumplió.
La ESE Santiago de Tunja tiene un plazo de quince días para proporcionar al Ministerio toda la documentación e información requerida como parte de la investigación en curso. El Ministerio busca esclarecer si los derechos de los trabajadores han sido vulnerados y, en caso afirmativo, tomará las medidas necesarias para garantizar la protección de los empleados afectados.
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