La sombra de la corrupción se cierne sobre la política boyacense con la reciente orden de la Corte Suprema de Justicia que ha enviado a prisión a dos destacados políticos de la región. Gustavo Hernán Puentes Díaz, exrepresentante a la Cámara por el partido Cambio Radical, y Ciro Alejandro Ramírez, ambos con raíces conservadoras, se encuentran ahora tras las rejas.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 5 años y 7 meses de prisión para Gustavo Puentes Díaz por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Esta sentencia, proferida en primera instancia el 14 de octubre de 2021, deja al descubierto prácticas ilegales que involucran a Puentes Díaz durante su tiempo como representante a la Cámara.
Se reveló que las resoluciones que llevaron a la condena de Puentes Díaz favorecieron a dos personas cercanas a él: Tomás Zambrano, colaborador político que le brindó apoyo en sus campañas electorales locales, y Eduardo Salcedo, asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista entre 2007 y 2010. Ambos fueron los beneficiarios de estas decisiones judiciales, desencadenando así la investigación y posterior condena de Puentes Díaz.
Cabe resaltar que este escándalo no se limita a un solo político, ya que Ciro Alejandro Ramírez, otro exponente de la política boyacense, también enfrenta la cárcel por orden de la Corte Suprema de Justicia. La conexión entre ambos políticos, que originalmente eran del partido conservador pero migraron a Cambio Radical y el Centro Democrático respectivamente, añade complejidad a este drama judicial.
Gustavo Hernán Puentes Díaz, Ingeniero Civil especializado en Gerencia Financiera, ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo varias veces como diputado en la Asamblea de Boyacá. La última vez que fue visto en público fue el 1 de enero de 2024, durante la posesión de su hijo Felipe Andrés Puentes como diputado en la misma asamblea.
Este nuevo episodio de corrupción política sacude los cimientos del panorama político en Boyacá, dejando a la ciudadanía con interrogantes sobre la transparencia y ética en la gestión pública. Mientras la justicia sigue su curso, la opinión pública aguarda por más detalles que arrojen luz sobre los entresijos de este escandaloso caso que involucra a figuras prominentes en la región.
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