Municipio de Tunja condenado por pérdida de motocicleta: Omisión en la entrega desencadena indemnización
La negligencia en el cumplimiento de las normas que regulan la entrega de automotores inmovilizados por infracciones de tránsito ha llevado al municipio de Tunja a ser condenado a pagar perjuicios materiales por la pérdida de una motocicleta, según la sentencia de la Jueza de primera instancia.
La decisión judicial encontró probada la falla en el servicio por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Tunja, ya que entregaron una motocicleta a una persona no legitimada para reclamarla, omitiendo el deber legal establecido en la Ley 769 de 2002 y en el Decreto Ley 019 de 2012.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, resolviendo el recurso de apelación, confirmó la configuración de la falla en el servicio, lo que desencadenó la obligación indemnizatoria del Estado. El daño, en este caso, se tradujo en la pérdida del vehículo, y el tribunal determinó que era plausible su reparación.
La jueza de primera instancia consideró tres modalidades para la reparación del daño: la reparación in natura (sustituir el bien), la compensación económica y la reparación en especie (entrega de bienes equivalentes al daño sufrido). Optando por la segunda opción, la jueza valoró la motocicleta en $1.597.750, basándose en su precio inicial, modelo (2005) y depreciación por su vida útil (20 años) al momento de la pérdida.
Sin embargo, en cuanto a los perjuicios morales solicitados por los demandantes, la Sala advirtió que las pruebas recopiladas en la segunda instancia no eran suficientes para establecer la existencia y magnitud del daño psíquico interno. A pesar de que la pérdida de la motocicleta podría causar dolor, las declaraciones de los demandantes se centraron en la afectación económica más que en el sufrimiento emocional, lo que impidió a la Sala considerar acreditado el perjuicio moral.
Este fallo pone de manifiesto la responsabilidad de las entidades gubernamentales en la correcta aplicación de las normas de tránsito y destaca la necesidad de reparar adecuadamente los perjuicios causados a los ciudadanos cuando se incurre en errores administrativos.