Abogado que retiró demanda contra alcalde de Tunja es requerido por el Tribunal de Boyacá

Foto: Semana

En una sorprendente vuelta de acontecimientos, Juan Sebastián Ramírez García, el abogado que previamente había interpuesto una demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, ha vuelto a captar la atención pública. Esta vez, el Tribunal de Boyacá ha requerido su presencia para esclarecer los motivos detrás de la repentina retirada de la demanda y la firma de un contrato con la empresa Ecovivienda apenas tres días después.

Ramírez García retiró la demanda el 2 de febrero, generando especulaciones y cuestionamientos sobre los motivos detrás de esta decisión. No obstante, el 5 de febrero, sorprendentemente, el abogado formalizó un contrato con Ecovivienda para prestar servicios profesionales en relación con los proyectos Estancia del Roble y Torres del Parque en Tunja.

El contrato, valuado en $54.285.000 y con una duración de 10 meses y 11 días, establece que Ramírez García actuará como abogado para llevar a cabo la negociación con los beneficiarios de los mencionados proyectos, brindará apoyo jurídico en la elaboración de resoluciones técnicas y administrativas, emitirá conceptos jurídicos sobre Peticiones, Quejas y Reclamos, y fungirá como enlace con la Alcaldía Mayor de Tunja.

Ante esta situación, el Tribunal de Boyacá ha decidido requerir la presencia de Juan Sebastián Ramírez García para esclarecer posibles conflictos de interés y aclarar la conexión entre la retirada de la demanda contra el alcalde y la rápida firma del contrato con Ecovivienda.

En declaraciones a nuestra redacción, Ramírez García defendió su posición, alegando que la retirada de la demanda se basó en “razones personales y profesionales” que en ningún momento estuvieron vinculadas con el contrato posterior con Ecovivienda. “Son dos asuntos completamente independientes”, afirmó el abogado.

Por su parte, el alcalde Mikhail Krasnov expresó su sorpresa ante estos acontecimientos y afirmó que espera que se esclarezcan todas las dudas en torno a este caso. “La transparencia en la gestión pública es esencial, y cualquier situación que genere dudas debe ser debidamente investigada”, declaró el alcalde.

El requerimiento del Tribunal de Boyacá pone en el centro de la atención pública este intrigante caso, generando interrogantes sobre la ética y la transparencia en las prácticas legales y comerciales que rodean a las figuras públicas y sus relaciones con el sector privado.

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