La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido observaciones cruciales sobre el Proyecto de Ley (PL) 293 de 2023, conocido como «Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez». A medida que el proyecto avanza en su trámite en el Congreso de la República, la CGR destaca preocupaciones sustanciales que podrían impactar la sostenibilidad financiera y la equidad del sistema pensional colombiano.
Desde la presentación del proyecto en el Senado de la República el 22 de marzo de 2023, la CGR ha llevado a cabo un exhaustivo estudio intersectorial titulado «Reforma pensional en Colombia: antecedentes y elementos para su discusión». En este análisis, se resalta la situación actual del Sistema General de Pensiones (SGPe), compuesto por los regímenes de Prima Media con Solidaridad (RPM) y Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
Uno de los principales señalamientos de la CGR es la preocupación por la sostenibilidad financiera del sistema. Según el estudio, entre 2005 y 2018, el país destinó el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 19% del Presupuesto General de la Nación (PGN) al pago de pensiones públicas y a Colpensiones. Estas cifras revelan la magnitud de los recursos requeridos y la necesidad de abordar las debilidades del SGPe.
La inequidad también ocupa un lugar destacado en las preocupaciones de la CGR. El estudio evidencia que, entre 2018 y 2022, se produjeron 164 mil traslados de afiliados del RAIS al RPM, siendo el 67% de ellos pertenecientes a un rango salarial menor a los dos salarios mínimos. Esto refleja las disparidades en los beneficios entre los regímenes y plantea dudas sobre la efectividad de la doble asesoría regulada por la ley.
La tasa de reemplazo es otro aspecto crítico identificado por la CGR, destacando que el RPM ofrece tasas significativamente más altas que el RAIS, especialmente para los rangos salariales más altos. Este fenómeno afecta a la población cercana a la jubilación y a los ya pensionados.
La reforma propuesta por el gobierno, que busca crear el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, plantea transformaciones significativas, incluyendo la eliminación de la competencia entre el RPM y el RAIS. Sin embargo, la CGR señala una limitación importante al no incluir los regímenes especiales y exceptuados, que absorben el 39,3% de los recursos del PGN destinados a pensiones.
Además, la CGR destaca la falta de políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización en las regiones, evidenciando brechas significativas en la materialización de derechos pensionales a nivel nacional.
El estudio también resalta la necesidad de revisar la capacidad operativa de Colpensiones y aboga por la unificación de entidades para mejorar la eficiencia administrativa y el uso de capacidades desarrolladas.
En conclusión, la CGR hace un llamado a una revisión exhaustiva del diseño organizacional y la capacidad operativa del sistema propuesto. Insta a una mayor precisión en el Proyecto de Ley en aspectos como el umbral, el gasto público requerido y la administración de los fondos de pensiones. Se destaca la importancia de garantizar transparencia y consenso en la discusión de la reforma, considerando su impacto real en las futuras generaciones del país. La Contraloría busca contribuir de manera técnica a un debate crucial que podría dar lugar a una reforma pensional que fortalezca el derecho al trabajo y mejore el bienestar en una sociedad colombiana que envejece con desafíos significativos.
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