La Procuraduría General de la Nación ha emitido una alerta contundente sobre la situación alarmante de violencia y maltrato infantil que prevalece en Colombia, señalando que los menores de edad continúan enfrentando peligros significativos a pesar de las disposiciones constitucionales y legales destinadas a protegerlos.
«Es inconcebible y totalmente reprochable el panorama actual de violencia infantil en nuestro país», declaró la Procuraduría en un comunicado difundido hoy. «Los niños, niñas y adolescentes están expuestos a un peligro y riesgo permanente, a pesar de los deberes que incumben a la familia, la sociedad y el Estado para garantizar su protección y sus derechos, que deben ser prioritarios».
La entidad de control expresó su preocupación por la continua vulneración de los derechos de los menores, a menudo perpetrada por sus propios padres y cuidadores, quienes, en lugar de proporcionar un entorno seguro, los someten a violencia física, sexual y psicológica, así como a situaciones de acoso escolar, negligencia y abandono.
Además, la Procuraduría destacó que otras circunstancias como las uniones tempranas, los matrimonios forzados, la alta permanencia en la calle, el trabajo infantil y el reclutamiento forzado también representan riesgos significativos que requieren una atención urgente por parte de las autoridades.
En cuanto a las estadísticas alarmantes, la Procuraduría citó datos del Boletín Estadístico del Instituto de Medicina Legal de diciembre de 2023, que indican que 607 menores de edad fueron víctimas de muerte violenta ese año, con la mayoría de los casos (531) involucrando a adolescentes. Además, en enero de 2024, se reportaron 44 casos de lesiones fatales, 40 de los cuales afectaron a adolescentes.
La violencia intrafamiliar también ha sido un problema preocupante, según los registros de la Policía Nacional. En 2023, de los 12,532 casos registrados, 7,663 afectaron a niños y niñas, seguidos por 4,869 casos que involucraron a adolescentes. En los primeros dos meses de 2024, se reportaron 1,244 casos, con 654 casos que afectaron a niños y niñas y 590 a adolescentes.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también ha documentado la preocupante realidad, con 69,660 niños, niñas y adolescentes involucrados en Procesos de Restablecimiento de Derechos (PARD). Estos procesos mayormente se originaron por casos de omisión o negligencia (18,523), violencia sexual (18,420), permanencia en la calle (4,299), abandono (3,478), violencia física (2,020) y violencia psicológica (1,173). Entre enero y febrero de 2024, 7,433 menores de edad fueron ingresados a estos procesos.
Ante esta situación, la Procuraduría ha instado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Policía Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras autoridades pertinentes a tomar medidas inmediatas para abordar los factores de riesgo y prevenir las consecuencias lamentables que afectan la vida de los niños y niñas.
«El derecho a la integridad personal de esta población es un imperativo que no puede ser ignorado», enfatizó la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer. «Es fundamental redoblar los esfuerzos para protegerlos de cualquier amenaza o vulneración a sus derechos».
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