La Procuraduría General de la Nación ha intensificado su vigilancia y control sobre las autoridades competentes en todo el territorio nacional debido al alarmante aumento de casos de violencia física, sexual y emocional contra niños y niñas en el país. Esta preocupante situación ha llevado a la Procuraduría a exigir acciones concretas por parte de las entidades responsables para proteger a las víctimas y garantizar el restablecimiento de sus derechos.
En Soacha, Cundinamarca, las autoridades se enfrentaron a denuncias de presunto abuso sexual contra tres menores de edad en el sector de Hogares Soacha. Los disturbios resultantes y el intento de linchamiento del presunto agresor llevaron a la Procuraduría a requerir un informe detallado al Secretario de Salud de Soacha-Cundinamarca y a la Directora Regional Cundinamarca ICBF (E) sobre las medidas de atención brindadas a las víctimas y la activación de rutas de atención intersectorial.
En otras regiones como Vaupés, Cauca y Casanare, la Procuraduría está realizando verificaciones exhaustivas sobre casos de abuso sexual. En Vaupés, se espera que la Directora Regional del ICBF brinde información detallada sobre el proceso administrativo y las medidas de protección adoptadas en favor de un menor de edad presuntamente víctima de abuso sexual por un diputado. En Cauca, se investigan las acciones de intervención y acompañamiento a una niña de 13 años víctima de extorsión y abuso sexual en Popayán. Además, en Paz de Ariporo, Casanare, se ha solicitado la intervención prioritaria del Personero municipal para restablecer los derechos de tres menores de edad víctimas de abuso sexual en su institución educativa.
La Procuraduría, a través de la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, ha instado a las autoridades a reflexionar y actuar de manera contundente para prevenir y enfrentar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Se ha subrayado la urgencia de judicializar a los presuntos responsables de estos delitos que atentan contra la dignidad de los menores. La protección de la infancia es una prioridad absoluta y requiere una respuesta firme y coordinada por parte de todas las instituciones involucradas.
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