En un significativo esfuerzo por reparar a las víctimas del genocidio contra los miembros de la Unión Patriótica (UP), el Gobierno ha destinado $4.722 millones en indemnizaciones, según informaron fuentes oficiales. Este proceso de compensación comenzó el 18 de abril y se espera que, para finales de mayo, se entreguen $1.679 millones adicionales, alcanzando un total de $6.401 millones.
Hasta la fecha, se han expedido 54 resoluciones de pago beneficiando a 77 víctimas directas y familiares de víctimas de la UP, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 27 de julio de 2022. Esta sentencia reconoció las graves violaciones de derechos humanos sufridas por los miembros de la UP y ordenó al Estado colombiano reparar económicamente a las víctimas.
El proceso de recepción de solicitudes ha sido amplio, con 1.706 peticiones registradas a través del formulario web y correo electrónico. Para facilitar la entrega de indemnizaciones, las víctimas deben aportar documentos que establezcan su identidad y demuestren la relación de parentesco con las víctimas incluidas en los anexos I, II o III de la sentencia de la Corte IDH. Es importante destacar que no se requiere la presentación de pruebas del hecho violatorio.
El gobierno ha adoptado un estándar de prueba flexible, lo que significa que los documentos presentados por las víctimas serán valorados de manera flexible sin necesidad de autenticación formal. Este enfoque busca agilizar el proceso y garantizar que las víctimas reciban sus compensaciones de manera oportuna.
Las solicitudes de verificación de los anexos II y III serán trasladadas al Estado, que tendrá un plazo de 60 días para presentar pruebas que excluyan a las víctimas de dichos anexos si es necesario. Una vez confirmada la identidad y el parentesco de los solicitantes, la Unidad para las Víctimas procederá a realizar los pagos de reparación económica, siguiendo los parámetros establecidos por la sentencia de la Corte IDH.
Este esfuerzo de reparación económica es un paso importante hacia la justicia y la reconciliación en Colombia, ofreciendo un respiro a las familias afectadas por el genocidio de la Unión Patriótica y reafirmando el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos y la memoria histórica.
Acerca del autor
