Pareja de adultos mayores en Boyacá no será desalojada por la SAE: Un respiro para la comunidad
La comunidad de Pauna, en el occidente de Boyacá, recibió con alivio la noticia de que una pareja de adultos mayores no será desalojada de su propiedad. Este desenlace positivo llega después de que Santos Pachón Castellanos y María del Tránsito León enfrentaran un proceso de desalojo debido a la siembra de cultivos ilícitos por parte de un familiar en su terreno.
El caso, que fue revelado por Noticias Caracol en febrero, generó una gran conmoción en la región y atrajo la atención de diversas instituciones a nivel nacional. La situación de los dos campesinos, quienes han vivido toda su vida en la zona rural de Pauna, resaltó la vulnerabilidad de los campesinos ante el conflicto armado y las implicaciones de actividades ilícitas en sus tierras.
Daniel Rojas, presidente de activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), explicó la decisión de la entidad de no proceder con el desalojo: “Son los campesinos, según la Comisión de la Verdad, los sujetos de mayor victimización durante el conflicto armado. Objetamos por conciencia seguir cuidando sus derechos. Requerimos que junto al Ministerio y el Estado en general podamos establecer las vías para poderles restaurar los mismos. Entretanto, la SAE no desalojará a esta pareja de campesinos y seguirá trabajando fuertemente para poder garantizarles sus derechos”.
La región de Boyacá, incluida en programas de erradicación de cultivos ilícitos desde hace décadas, ha visto a sus propios habitantes participar activamente en estas labores, una actividad que fue certificada en su momento por el Gobierno nacional e instituciones internacionales.
La decisión de la SAE no solo brinda un respiro a Santos Pachón Castellanos y María del Tránsito León, sino que también envía un mensaje de apoyo y reconocimiento a los campesinos que han sido víctimas del conflicto y las actividades ilícitas que se desarrollaron en sus tierras sin su consentimiento. La comunidad de Pauna, y Boyacá en general, ahora espera que se implementen medidas que garanticen la restauración de derechos y la protección de los más vulnerables.
Este caso pone de relieve la necesidad de abordar las problemáticas de los campesinos con sensibilidad y justicia, reconociendo su papel y sufrimiento en el contexto del conflicto armado colombiano.