En un fallo de tutela reciente, el Tribunal Administrativo de Boyacá ha restablecido los derechos fundamentales de J.C.L.R., una persona con discapacidad intelectual y psicosocial, tras evidenciar una notable desarticulación institucional. La acción de tutela fue presentada por el Personero Municipal de Aquitania en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento de Boyacá, el Ministerio de Salud y la EPS COMPENSAR, actuando como agente oficioso del afectado.
Detalles del Caso
J.C.L.R., cuya edad mental se estima entre 6 y 8 años, vivía en condiciones precarias sin respaldo médico, y presuntamente había sido víctima de abuso sexual. Ante esta situación, el Municipio de Aquitania logró reubicarlo provisionalmente en un hogar de paso, aunque este no era adecuado para sus necesidades especiales. El Personero solicitó la intervención del ICBF para una atención integral, pero no obtuvo respuesta.
Fallo de Primera Instancia
El Juzgado Primero Administrativo de Sogamoso amparó los derechos fundamentales de J.C.L.R. a la salud, vida digna, dignidad humana y atención integral. Ordenó al Municipio de Aquitania y al alcalde iniciar procedimientos para la certificación de discapacidad y garantizar su permanencia en un hogar adecuado. Además, instó a incluir a J.C.L.R. en planes destinados a personas con discapacidad y a enviar copias del caso a la Fiscalía.
Apelación y Decisión del Tribunal
La Personería Municipal de Aquitania impugnó la decisión. El Tribunal Administrativo de Boyacá determinó que entidades como el ICBF, el Departamento de Boyacá y la EPS COMPENSAR tenían obligaciones claras en la atención integral de J.C.L.R., revocando parcialmente el fallo de primera instancia.
Medidas Adoptadas
El Tribunal ordenó una serie de medidas:
Alojamiento y Atención: J.C.L.R. será ubicado en un hogar geriátrico adecuado, con personal de cuidado capacitado y bajo supervisión constante.
Consejo Municipal de Discapacidad: El Municipio de Aquitania debe conformar este consejo y desarrollar una política pública local para personas con discapacidad.
Educación: Garantizar un cupo escolar para J.C.L.R., previo concepto médico.
Valoración Médica y Apoyo Judicial: La EPS COMPENSAR debe proporcionar una cama hospitalaria y realizar una valoración médica interdisciplinar. Además, se procederá con la adjudicación judicial de apoyos para J.C.L.R.
Implicaciones
Esta sentencia subraya la responsabilidad conjunta de diferentes entidades en la protección de los derechos de personas con discapacidad y vulnerabilidad. La coordinación y cooperación entre estas instituciones son esenciales para garantizar una atención integral y digna.
Conclusión
El fallo es un avance significativo en la defensa de los derechos de personas con discapacidad en Colombia, asegurando que J.C.L.R. reciba la atención y apoyo necesarios para vivir en condiciones dignas. Las instituciones involucradas deben trabajar de manera articulada para cumplir con las disposiciones judiciales y mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en situaciones similares.
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