El programa de primera infancia destinado a la comunidad Wayuu en La Guajira enfrenta graves dificultades debido a retrasos en los procesos de selección y contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esta situación ha generado preocupación y llevó a la Procuraduría a intervenir para solicitar explicaciones y soluciones inmediatas.
El ente de control, a través de acciones preventivas, identificó demoras significativas en la firma de contratos y en el inicio de la ejecución del programa. Además, se reportó un alto número de zonas declaradas desiertas, lo que agrava la situación. El Ministerio Público evidenció que el cambio de modelo para la atención integral de los Wayuu en municipios como Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure ha ralentizado la contratación en la modalidad propia e intercultural con componente alimenticio, afectando a al menos 80 mil familias.
Claudia Hernández, procuradora delegada segunda para la Vigilancia de la Función Pública, destacó la ausencia de un censo claro, lo que impide determinar con precisión el número de comunidades, familias e individuos que necesitan atención. Además, se encontraron problemas en los requisitos para los oferentes, la selección objetiva, los criterios aplicados y la implementación de invitaciones cerradas para escoger a los operadores.
A pesar de la Sentencia T-302 de 2017, que declara el estado de cosas inconstitucionales para la comunidad Wayuu en La Guajira, el incumplimiento y el abandono por parte del Gobierno Nacional persisten en áreas clave como salud y educación.
Ante esta alarmante situación y con el fin de evitar que la comunidad Wayuu quede desprotegida, la procuradora Hernández ha citado a la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, para que el próximo 20 de junio informe sobre los planes adoptados para resolver estos problemas. Se espera que Cáceres presente una solución clara y efectiva para asegurar la continuidad del programa y la atención adecuada a la comunidad Wayuu.
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