El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso ha admitido una acción de tutela interpuesta por Felipe Andrés Velasco Sáenz, representante legal de la Fundación Montecito, en contra de varias entidades gubernamentales y ambientales. Los demandados incluyen la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Tota y la Procuraduría 32 Judicial I para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de Tunja.
La tutela presentada por Velasco busca la suspensión inmediata de cualquier acción administrativa relacionada con la reapertura del predio Playa Blanca, ubicado en el lago de Tota. Velasco argumenta que, antes de reabrir este destino turístico, es necesario obtener todos los permisos, autorizaciones y licencias exigidas por la ley para garantizar su funcionamiento de manera legal y sostenible.
En su demanda, Velasco enfatiza la importancia de respetar y cumplir estrictamente con los procesos administrativos en curso ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y otras autoridades competentes. Estos procesos son esenciales para asegurar que las actividades turísticas en Playa Blanca se realicen de acuerdo con las normativas ambientales vigentes.
Playa Blanca, conocida por su belleza natural y popular entre turistas, ha sido objeto de controversia debido a preocupaciones ambientales y legales. La acción de tutela refleja la creciente preocupación por la preservación del medio ambiente y el cumplimiento de las normativas que regulan el uso sostenible de áreas naturales.
El fallo del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso representa un paso significativo en la protección del ecosistema del lago de Tota y subraya la necesidad de una gestión responsable y legal de los recursos naturales. La comunidad y los interesados en la preservación ambiental seguirán atentos al desarrollo de este caso, que podría establecer precedentes importantes para la gestión de áreas turísticas en la región.
Mientras tanto, las autoridades demandadas deberán responder a la acción de tutela y presentar sus argumentos ante el juzgado. La resolución de este caso tendrá implicaciones importantes no solo para Playa Blanca, sino también para la implementación de políticas ambientales y turísticas en Boyacá y en otras regiones del país.
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