Bogotá. 6 de Febrero del 2020. Sede de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa-Sergio Acero)
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja ha formulado un cargo disciplinario contra Luis Alberto Aponte Gómez, exalcalde del municipio de Samacá, por presunta destinación indebida de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados al componente de alimentación escolar. Los hechos en cuestión se relacionan con la suscripción de dos contratos en 2020: el contrato MS-CPS-060-2020 firmado el 12 de febrero y el contrato MS-CPS-170-2020 firmado el 3 de agosto.
Según el Ministerio Público, los recursos del SGP destinados a la alimentación escolar deben ser utilizados exclusivamente para la compra de alimentos, contratación de personal para la preparación de alimentos, transporte de alimentos, menaje y dotación para la prestación del servicio de alimentación escolar, reposición de dotación, aseo y combustible para la preparación de los alimentos, y contratación con terceros para la provisión del servicio de alimentación escolar.
Sin embargo, los contratos suscritos durante la administración de Aponte Gómez tuvieron objetos que se desviaron de estos fines permitidos. El contrato MS-CPS-060-2020 se destinó a la prestación de servicios de apoyo para el monitoreo y control de la prestación del servicio de alimentación escolar 2020. Por su parte, el contrato MS-CPS-170-2020 se enfocó en el apoyo al proyecto de atención de subsidios al consumo de los servicios públicos domiciliarios, un propósito que no está autorizado para ser financiado con los recursos del componente de alimentación escolar del SGP.
La formulación de estos cargos disciplinarios subraya la importancia de la correcta destinación de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a servicios tan cruciales como la alimentación escolar. La Procuraduría busca con esta acción garantizar la transparencia y la correcta gestión de los fondos públicos, evitando así la malversación y el uso indebido de los mismos.
Luis Alberto Aponte Gómez, en su defensa, tendrá la oportunidad de responder a los cargos formulados y presentar las pruebas que considere necesarias para aclarar los hechos. Este proceso disciplinario es una muestra del compromiso de las autoridades con la vigilancia y control de los recursos destinados a programas sociales, asegurando que se utilicen de manera eficiente y conforme a las normativas establecidas.
La comunidad de Samacá y el público en general estarán atentos al desarrollo de este caso, que tiene implicaciones importantes para la administración pública y la transparencia en el manejo de recursos destinados a la educación y bienestar de los niños.
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