En una sentencia emitida el 21 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de un hombre en el municipio de Pajarito en noviembre de 2007. Este fallo, que se suma a otros casos similares, destaca una vez más la problemática de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, conocidas como “falsos positivos”.
El tribunal concluyó que la muerte del hombre no ocurrió en un combate armado, como afirmaron los militares del Batallón de Artillería No. 1 “Tarquí” durante la operación “Normandía”, sino que fue una privación arbitraria de la vida. Las pruebas indicaron que el fallecido no había hecho uso de un arma y que el supuesto combate fue simulado. Además, se demostró que la víctima fue llevada al lugar bajo engaños, vestida con ropa de guerrillero y posteriormente asesinada.
Decisión judicial y medidas de reparación
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en segunda instancia, confirmó la sentencia inicial y ordenó medidas de reparación integral. Entre ellas, se incluye la publicación de una nota en periódicos de amplia circulación en Boyacá y Antioquía, así como en las redes sociales del Ministerio de Defensa, para aclarar que la muerte no ocurrió en combate sino que fue una ejecución extrajudicial. También se ordenó un acto público de petición de excusas a la familia de la víctima y la colocación de una placa conmemorativa en el sector conocido como Sabana, en Pajarito.
Adicionalmente, se remitirán copias de la sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica, a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que los hechos formen parte del registro histórico del conflicto armado en Colombia. El Ejército Nacional también deberá difundir un comunicado interno para evitar la repetición de estos actos.
Implicaciones y antecedentes
Este caso se suma a una serie de condenas contra el Ejército Nacional por ejecuciones extrajudiciales, reflejando una práctica sistemática de violaciones graves a los derechos humanos. Las medidas adoptadas buscan no solo reparar el daño causado, sino también prevenir futuros abusos y fortalecer la supervisión y control dentro de las Fuerzas Armadas.
La sentencia resalta la obligación del Estado colombiano de cumplir con las normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, asegurando la reparación integral de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Este fallo reitera la necesidad de una supervisión estricta de las operaciones militares y el compromiso del Estado con la transparencia y la justicia en el marco del conflicto armado interno.