Procuraduría presenta resultados de vigilancia a Ley de Protección de Derechos de Consumidores de Sustancias Psicoactivas
La Procuraduría General de la Nación reveló los resultados del seguimiento a la implementación de la ley que garantiza la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas. Estos hallazgos fueron presentados durante el II Foro Iberoamericano sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y su Impacto en la Salud Pública, resaltando varios aspectos clave en la vigilancia de la Ley 1566 de 2012.
El ente de control destacó su solicitud al Ministerio de Salud para actualizar la encuesta de salud mental, dado que la última versión data de 2015. «Es imperativo contar con datos actualizados para diseñar políticas efectivas y responder adecuadamente a las necesidades actuales», señaló el informe.
Además, la Procuraduría insistió en la necesidad de actualizar la política integral para el consumo de sustancias psicoactivas y la reglamentación de programas de promoción en salud mental, prevención de problemas y trastornos mentales, y consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. La actualización del Conpes de salud mental también fue un punto crucial, ya que el anterior concluyó en 2023 con un avance del 82.17%.
El seguimiento a las secretarías de Salud departamentales y distritales fue otro aspecto destacado. La Procuraduría subrayó la importancia de que estos organismos adopten la política de consumo de sustancias psicoactivas y trabajen para garantizar la calidad en la atención a las personas que consumen estos compuestos.
Finalmente, la delegada de Asuntos del Trabajo abordó la vigilancia a las acciones conjuntas entre los consejos departamentales y distritales de salud mental y el Comité de Drogas/Estupefacientes. Este seguimiento busca asegurar la efectividad y coordinación de las medidas implementadas para proteger la salud mental y los derechos de los consumidores de sustancias psicoactivas.
La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la supervisión y promoción de políticas públicas que protejan la salud y los derechos de todos los colombianos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad por el consumo de sustancias psicoactivas.