La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República ha solicitado una exhaustiva investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de la Alcaldía de Tunja. Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia, ha compulsado copias a la Fiscalía 21 Seccional Tunja y a la Procuraduría General de la Nación para que examinen los hechos y hallazgos que podrían involucrar al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, así como a otros funcionarios y contratistas de la administración municipal.
Entre los investigados se encuentran Diana Alejandra Ibáñez Rodríguez y Juan Sebastián Ramírez García, contratistas de la alcaldía, así como los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, Luis Ernesto Arciniegas y Diego Mauricio Higuera Jiménez, a quienes se les ha pedido que la Comisión de Disciplina Judicial también investigue.
El foco de la investigación radica en la contratación directa y a través de la Empresa Ecovivienda de Juan Sebastián Ramírez García, un abogado que había interpuesto una demanda de nulidad electoral contra el alcalde Krasnov, la cual retiró antes de ser contratado por la Alcaldía. Este hecho ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades y conflictos de interés.
Además, se solicita la investigación de Luz Mila Acevedo Galán, directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja, quien supuestamente facilitó la contratación de Ramírez García. En un oficio radicado el 23 de julio de 2024, Acevedo Galán afirmó que no existía ningún contrato anterior entre Ramírez García y la Alcaldía de Tunja, según verificaciones en la plataforma SECOP II y en los archivos físicos del municipio.
Otro nombre que surge en el documento es el de Miguel Ángel Ruiz, ex coordinador de campaña del alcalde Krasnov, quien habría fungido como asistente personal del mandatario bajo la figura de “supernumerario”. Ruiz es señalado de haber facilitado la contratación de Ramírez García y de supervisar el desistimiento de la demanda de nulidad electoral.
La investigación también se extiende a la Gestora Social de Tunja y pareja sentimental del alcalde, Sara Catalina Pedraza, y a los concejales Camilo Hernán Hoyos, Simón Parra y Sandra Milena Estupiñán. Se les acusa de presuntamente haber concertado con el alcalde la asignación de contratos de prestación de servicios a cambio de su apoyo en votaciones dentro del concejo municipal, lo que podría constituir tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato, entre otros delitos.
Hasta el momento, el alcalde Mikhail Krasnov no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las acusaciones y las investigaciones en curso.