En Puerto Boyacá, la preocupación por la ejecución de obras adjudicadas a la empresa Magdalena Union Service SAS ha llevado a la bancada de oposición del Concejo Municipal a solicitar una sesión de control político. La citación, dirigida al representante legal de la firma, busca esclarecer los avances y la inversión de proyectos cruciales como el de vivienda «Tierra de Bendiciones» y el Muro de Contención, este último paralizado por más de un año.
La solicitud fue realizada por la bancada de oposición al presidente del Concejo, Juan Fernando Delgado, quien ha programado la sesión para la última semana de agosto. El concejal Ramírez, uno de los promotores de la iniciativa, expresó su inquietud respecto a la gestión de las regalías del municipio, señalando que la administración anterior entregó estas a una asociación que luego contrató a Magdalena Union Service SAS para la ejecución de las obras. Sin embargo, la firma ha sido objeto de críticas debido a su falta de cumplimiento y a los inconvenientes presentados en las obras asignadas.
Ramírez detalló la compleja estructura de contratación que rodea a Magdalena Union Service SAS, explicando que la asociación inicial subcontrató a una empresa llamada Agrambiental, que a su vez delegó la ejecución de las obras a Magdalena Union Service. «Es el que nos interesa que nos dé el informe de lo que está sucediendo», subrayó el concejal, reflejando el sentir generalizado en el Concejo sobre la falta de transparencia y avances en los proyectos.
Además de los proyectos mencionados, la empresa Magdalena Union Service SAS tiene otros contratos en la región, lo que ha incrementado la preocupación de los concejales por la posible repetición de los mismos problemas en futuras obras.
El caso de Magdalena Union Service no es aislado. En septiembre de 2023, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres adjudicó un contrato por más de 79 mil millones de pesos a la Unión Temporal Puerto Serviez Río Magdalena, cuyo representante legal es Juan David Mendivelso Salazar. Esta unión temporal incluye a empresas como Kaliza y Arquitectos S.A.S, Concreto y Mezclas S.A, y la interventoría a cargo de la Unión Temporal Gestión Riesgo Esperanza Río Magdalena. Ninguna de estas compañías tiene sede en Boyacá o en Puerto Boyacá, lo que ha generado más inquietud sobre el manejo de estos contratos en la región.
La sesión de control político se perfila como un momento clave para que los representantes de Magdalena Union Service SAS den explicaciones sobre el estado de las obras y respondan a las preocupaciones de los concejales y de la comunidad de Puerto Boyacá. La ciudadanía espera que este proceso arroje luz sobre la situación y se tomen las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los contratos y la adecuada inversión de los recursos públicos.
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