La crisis de infraestructura del colegio Sagrado Corazón de Jesús llegó a los estrados judiciales. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Caro, deberán responder por el presunto incumplimiento de órdenes judiciales. Mientras tanto, las obras siguen sin comenzar.
La situación de la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, de Chiquinquirá, se agrava. El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja abrió un incidente de desacato contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, el alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Leonardo Caro, y dos funcionarios de gestión del riesgo, ante la persistencia de los problemas estructurales y sanitarios del establecimiento.
La decisión judicial se conoce en medio de la preocupación de una comunidad educativa que lleva meses esperando la recuperación de sus instalaciones. Cerca de 1.800 estudiantes continúan afectados por el colapso de parte de la cubierta de la sede principal, situación que ha obligado a reorganizar las actividades académicas y reducir los espacios disponibles para las clases.
De acuerdo con los reportes conocidos, el deterioro de los techos, el colapso parcial de estructuras, la acumulación de escombros y la presencia de palomas mantienen las condiciones de riesgo en el plantel.
El juzgado reconoció que las administraciones han adelantado algunas medidas, como la reubicación de estudiantes y las restricciones de acceso a las zonas peligrosas. Sin embargo, concluyó que estas actuaciones no han sido suficientes para eliminar o mitigar efectivamente las amenazas.
Obras por más de 1.400 millones de pesos siguen pendientes
Uno de los aspectos más preocupantes es el retraso en la recuperación de la infraestructura. El pasado 27 de octubre, Canal 1 informó que la contratación anunciada para el 9 de octubre no se había concretado y que la comunidad educativa seguía esperando el inicio de los trabajos.
Posteriormente, la Gobernación de Boyacá publicó un proceso de contratación por aproximadamente 1.401 millones de pesos para la rehabilitación y reconstrucción de la sede principal, con un plazo previsto de ejecución de 55 días.
Sin embargo, la publicación del proceso no significa que las obras ya hayan sido adjudicadas o comenzado.
La inconformidad también llegó a las calles. El 28 de octubre, estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa se movilizaron para exigir respuestas y el cumplimiento de los compromisos relacionados con la recuperación del colegio.
Cinco días para responder y diez para intervenir
Dentro del incidente de desacato, los funcionarios vinculados tendrán cinco días, contados a partir de la recepción de la comunicación judicial, para presentar sus explicaciones y demostrar las actuaciones adelantadas.
Adicionalmente, el despacho ordenó a la Gobernación y a la Alcaldía coordinar, en un plazo máximo de diez días, el retiro de escombros, la disposición adecuada de los residuos, las jornadas de limpieza y desinfección y la instalación de barreras para impedir el ingreso y anidación de aves en las áreas afectadas.
La rectora de la institución no fue incluida en el incidente, debido a que el juzgado consideró que adelantó las gestiones correspondientes a sus competencias para proteger a los estudiantes y garantizar la continuidad del servicio educativo.
La apertura del incidente no representa todavía una sanción ni una declaración definitiva de desacato. Será el desarrollo de la actuación judicial el que determine si existió incumplimiento de las órdenes impartidas.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales y el proceso contractual, la comunidad educativa de Chiquinquirá sigue esperando una solución definitiva. La pregunta que permanece es cuándo podrán los cerca de 1.800 estudiantes regresar a unas instalaciones seguras y adecuadas para recibir sus clases.
Acerca del autor
