Exconcejal Pablo Santiago Berdugo condenado por captación ilegal de dinero en Boyacá
El exconcejal de Duitama, Pablo Santiago Berdugo, ha sido condenado a 165 meses de prisión por su participación en un esquema de captación ilegal de dinero que afectó a más de 1.500 personas en Boyacá. A través de la empresa constructora Construcol S.A.S., Berdugo prometió intereses exorbitantes a ciudadanos incautos de varias ciudades del departamento, logrando apropiarse ilegalmente de más de 24.000 millones de pesos.
La sentencia fue dictada por la juez Clara Inés Parra Camargo en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, quien subrayó la gravedad de los actos cometidos por Berdugo. «La pena es necesaria para que el señor Pablo Santiago Berdugo replantee su actuar y no vuelva a incurrir en conductas delictivas», afirmó la juez durante la audiencia de lectura del fallo.
El caso comenzó a tomar fuerza en marzo de 2023, cuando se presentaron más de 50 denuncias en su contra, sumando un total de 1.000 millones de pesos. A medida que avanzaban las investigaciones, se descubrió que la cifra total defraudada ascendía a 5.000 millones de pesos, afectando a 310 personas en una primera etapa. Sin embargo, la magnitud del fraude continuó creciendo, alcanzando un total de 24.000 millones de pesos y perjudicando a más de 1.500 personas.
Berdugo, quien había reconocido su culpabilidad el 13 de junio, fue sentenciado el 27 de agosto a cumplir 165 meses de prisión y a pagar una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes legales. La juez Parra Camargo enfatizó que la conducta de Berdugo merece el máximo reproche, ya que utilizó su empresa de inversión y construcción para atraer a ciudadanos de Duitama, Sogamoso, Tunja y sus alrededores con promesas de rendimientos irreales.
Este caso es un ejemplo más de los graves riesgos que enfrentan los ciudadanos al confiar en promesas financieras desmedidas y sin la debida autorización legal. La condena de Pablo Santiago Berdugo envía un mensaje claro sobre la importancia de la vigilancia y el cumplimiento de las normativas financieras para proteger a la comunidad de prácticas fraudulentas.