El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y el secretario de Planeación, Carlos Gabriel Hernández, han decidido impugnar una multa impuesta por desacato, mediante una acción de tutela presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 7 Administrativo de Tunja. La sanción económica, equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, surge tras el incumplimiento de una sentencia de Acción Popular que exigía la cesión y mantenimiento de los andenes públicos ubicados en la Carrera 11 entre las Calles 11 y 13 de la ciudad.
Yesid Figueroa, abogado y promotor de la Acción Popular, informó a través de sus redes sociales que tanto el alcalde como el secretario han recurrido ante el Consejo de Estado para anular la multa impuesta. “La multa es personal, impuesta a cargo del patrimonio de estos dos funcionarios”, advirtió Figueroa, señalando que la sanción afecta directamente los bienes personales de Krasnov y Hernández.
La Acción Popular, promovida por Figueroa, buscaba garantizar el acceso y la seguridad de los ciudadanos mediante la adecuación de los andenes mencionados, así como su mantenimiento preventivo y rehabilitación periódica. Sin embargo, según Figueroa, las autoridades municipales no cumplieron con las disposiciones ordenadas por la sentencia, lo que derivó en la sanción por desacato.
En respuesta, el equipo legal de Krasnov y Hernández argumenta que la multa carece de fundamento legal suficiente y que se han cumplido otras obligaciones municipales que, a su juicio, deberían eximirlos de dicha sanción. “Estamos confiados en que el Consejo de Estado evaluará adecuadamente nuestra situación y reconocerá que la multa impuesta no corresponde a la realidad de nuestra gestión”, declaró un portavoz cercano al alcalde.
El Consejo de Estado, órgano encargado de revisar las tutelas interpuestas contra actos administrativos, ha admitido la acción presentada por los funcionarios tunjunos. Este proceso legal representa una oportunidad para que Krasnov y Hernández defiendan su posición y busquen la revocación de la sanción económica que consideran injusta.
Por su parte, la Acción Popular liderada por Figueroa insiste en la importancia de cumplir con las órdenes judiciales para asegurar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos de Tunja. “Es fundamental que las autoridades cumplan con las decisiones de la justicia para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes”, afirmó Figueroa.
El desenlace de esta disputa legal determinará si la multa por desacato se mantiene o es anulada, y tendrá implicaciones significativas para la administración municipal de Tunja y su relación con las entidades judiciales y la ciudadanía.
Contexto del Caso
La controversia comenzó cuando la Acción Popular presentada por Yesid Figueroa logró que una sentencia ordenara al alcalde y al secretario de Planeación cesaran los andenes públicos en la Carrera 11 entre Calles 11 y 13, además de establecer un programa de mantenimiento y rehabilitación periódica. El incumplimiento de estas órdenes llevó a la imposición de una multa por desacato, medida que ahora está siendo cuestionada legalmente por los funcionarios involucrados.
Este caso subraya la tensión existente entre las autoridades municipales y las instancias judiciales en cuanto al cumplimiento de decisiones que buscan mejorar la infraestructura y seguridad urbana, reflejando la importancia de la transparencia y el respeto a las normativas establecidas para el bienestar de la comunidad.