En Boyacá, la prestación del servicio de acueducto evidencia una preocupante desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, según el estudio preliminar “Inversión en subsidios de servicios públicos y su impacto sobre la seguridad hídrica en Boyacá”. Este estudio, realizado por la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, revela que mientras algunos municipios enfrentan un déficit de recursos para el subsidio del servicio de acueducto, otros cuentan con un superávit que no pueden utilizar debido a limitaciones normativas.
El ingeniero Fabián Monroy, docente investigador del Instituto de Agua y Ambiente de la universidad, explicó en una entrevista con Caracol Radio que Boyacá ha invertido cerca de 68 mil millones de pesos en los últimos cuatro años. Sin embargo, estos recursos se han concentrado en las áreas urbanas, dejando una gran brecha en el acceso al agua potable en las zonas rurales. “Este desbalance genera una desigualdad en el acceso al agua potable, afectando principalmente a las zonas rurales del departamento”, afirmó Monroy.
El problema radica en la normativa que regula la distribución de subsidios. La Ley 1450 establece que los municipios deben destinar el 15 % de los recursos del Sistema General de Participación para subsidios de servicios públicos, pero estos fondos no pueden usarse para otros fines. Como resultado, algunos municipios acumulan superávit que no pueden invertir, mientras otros carecen de los recursos necesarios para garantizar un suministro adecuado de agua.
Además, Monroy señaló que la falta de formalización de las empresas prestadoras de servicios en las áreas rurales agrava la situación. “Si no hay una medición real del consumo de agua, los usuarios pierden el derecho al subsidio”, explicó. Esta falta de medición es común en muchas zonas rurales, donde no existen empresas formalizadas que gestionen el servicio de acueducto.
El estudio destaca que para reducir las brechas y garantizar un acceso equitativo al agua potable, es esencial avanzar en la formalización de los acueductos rurales y mejorar la infraestructura. Esto implica la construcción de tanques, plantas de tratamiento y un sistema de medición adecuado para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso al agua potable. “La formalización debe ir de la mano con el apoyo en infraestructura de calidad, un trabajo social necesario si se quieren reducir esas brechas”, concluyó Monroy.
La situación es preocupante, ya que, según un informe de marzo de 2023 de la Gobernación de Boyacá, el 73 % de los municipios del departamento presentan indicadores de riesgo de calidad del agua en niveles medio y alto, lo que significa que el agua no es segura y puede provocar problemas de salud pública.
Este estudio pone de manifiesto la urgencia de revisar la normativa vigente y de fortalecer la infraestructura en las zonas rurales para garantizar el acceso igualitario al agua potable en todo el departamento de Boyacá.