La Procuraduría General de la Nación sancionó a dos docentes de Leticia, Amazonas, con suspensión e inhabilidad especial por cuatro meses, tras comprobarse que agredieron física y verbalmente a sus estudiantes. Los sancionados, Jorge Infante Bautista y Pedro Pablo Parra Bardales, incumplieron su deber de proteger y cuidar a los menores que tenían a su cargo, lo que llevó a que se les impusiera una sanción disciplinaria por faltas graves cometidas a título de dolo.
En el primer caso, la Regional de Juzgamiento de Cundinamarca encontró que Jorge Infante Bautista, docente de la Institución Educativa Francisco del Rosario Vela, amarró y amordazó a uno de sus alumnos en 2022. Esta acción fue calificada como una grave violación de su deber de tratar con respeto e imparcialidad a los estudiantes. Además, el ambiente conflictivo en su aula, que contribuyó a la deserción de la mitad de sus alumnos, sumado a las quejas constantes de los padres y compañeros de trabajo, evidenciaron una inestabilidad laboral que agravó su situación.
La Procuraduría resaltó que Infante Bautista vulneró el principio de responsabilidad como servidor público, al incumplir con su obligación de proteger y cuidar a los menores a su cargo, lo que motivó la sanción impuesta.
En el segundo caso, Pedro Pablo Parra Bardales, director rural de la Institución Educativa Indígena San Juan Bosco, fue declarado responsable disciplinariamente por agredir a dos de sus estudiantes, de 11 y 16 años. Parra golpeó en la cabeza a uno de los menores y en la espalda al otro, además de utilizar palabras injuriosas para referirse a ellos e insultar a una mujer, según lo señalado por padres de familia, compañeros y personal administrativo.
La Procuraduría señaló que el comportamiento de Parra Bardales podría reflejar un patrón de mala gestión emocional e incapacidad para manejar de manera constructiva los conflictos en el entorno escolar, afectando la sana convivencia. Al igual que en el caso de Infante Bautista, se concluyó que el docente quebrantó las normas a las que debía sujetarse en su rol educativo, configurando una falta grave a título de dolo.
Con estas sanciones, la Procuraduría reitera su compromiso en la protección de los derechos de los estudiantes y la importancia de que los docentes, como figuras de autoridad en las instituciones educativas, cumplan con su responsabilidad de garantizar un ambiente respetuoso y seguro para los menores.
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