La Contraloría General de la República ha detectado la posible pérdida de recursos públicos destinados a la infraestructura de servicios esenciales en varios centros carcelarios del país. El informe, elaborado por la Delegada para el Sector Justicia, señala incumplimientos en la ejecución de contratos y problemas de infraestructura en cárceles de Huila, Meta, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, afectando la operación y salubridad de las personas privadas de la libertad.
Uno de los hallazgos más preocupantes se presentó en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de La Plata y Neiva, Huila, donde se identificaron deficiencias en el tratamiento de aguas residuales y de agua potable. Según el informe, la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Neiva no estaba operativa durante la ejecución del contrato, a pesar de que este ascendía a más de 1.187 millones de pesos. Además, se descubrió que los vertimientos de aguas residuales, sin permisos de concesión, estaban contaminando los ríos La Plata y Magdalena, incumpliendo la normatividad ambiental.
A nivel nacional, también se detectaron problemas en las cárceles de Acacías (Meta), El Barne (Boyacá) y Guaduas (Cundinamarca), donde las obras para mejorar las plantas de agua potable, baterías sanitarias y plantas eléctricas quedaron inconclusas. En Guaduas, por ejemplo, solo se alcanzó a demoler una estructura antes de que los trabajos fueran abandonados en febrero de 2024.
Uno de los casos más preocupantes se registró en la cárcel de Bellavista, Medellín, donde se descubrió la invasión de particulares dentro del predio del centro penitenciario. La ocupación irregular de viviendas y locales comerciales ha impedido la ejecución de obras de cerramiento perimetral. A pesar de que esta situación ya había sido informada a las autoridades locales y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), no se han tomado medidas para solucionar el problema. Al contrario, las invasiones continúan expandiéndose.
Ante estos hechos, la Contraloría ha iniciado acciones para evaluar posibles responsabilidades fiscales y ha alertado a la Oficina de Control Interno de la USPEC para que se tomen las medidas necesarias que salvaguarden los recursos públicos.
La pérdida de recursos y la falta de ejecución en los contratos plantean serios desafíos para el sistema penitenciario colombiano, que ya enfrenta una crisis reconocida por la Corte Constitucional a través de las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013 y T-762 de 2015, declarando el estado de cosas inconstitucional en los centros penitenciarios del país.
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