La Procuraduría General de la Nación llamó al orden a los miembros de la Fuerza Pública involucrados en ejecuciones extrajudiciales dentro del macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), específicamente en el subcaso Costa Caribe. Durante la audiencia de observaciones de las víctimas, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, recordó a los comparecientes su responsabilidad en los crímenes y los instó a reconocer el daño causado y a cumplir con las reparaciones que las víctimas merecen.
“El acuerdo les concede generosamente la libertad personal. Hagan el mejor uso de ella, utilizando sus capacidades y saberes en favor de quienes no debieron sufrir esas agresiones”, señaló Acosta, subrayando la importancia de que los responsables asuman plenamente su rol en los crímenes y contribuyan a la reparación integral de las víctimas.
El procurador delegado también enfatizó que no es posible pensar en estructuras desarticuladas dentro de los batallones, brigadas y divisiones de la Fuerza Pública. Explicó que tanto los comandantes como los soldados tienen responsabilidad, ya sea por acción o por omisión, en los crímenes cometidos. “Hay una responsabilidad por mando y por ejecución. Existen obligaciones de no agresión, de no promoción de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Estas obligaciones son ineludibles”, añadió Acosta.
El representante del Ministerio Público advirtió sobre la gravedad de distorsionar las funciones constitucionales de cuidado y protección que deben cumplir las Fuerzas Armadas. También hizo un llamado urgente para acelerar los procesos de la JEP en beneficio de las víctimas, afirmando que la reparación no es un favor, sino una obligación moral y legal.
“Ni el restablecimiento del buen nombre de las víctimas, ni la recuperación de sus cuerpos pueden seguir esperando, ya que día a día las fosas se transforman y los cuerpos se degradan”, puntualizó Acosta, destacando la urgencia de avanzar en los procesos para garantizar la justicia y la dignidad de las víctimas de estos crímenes.
Por último, Acosta reiteró las peticiones presentadas previamente por la Procuraduría ante la JEP, solicitando completar las versiones que aún están pendientes, practicar las pruebas documentales requeridas y remitir cuanto antes copias de las investigaciones a otras instancias judiciales para evitar que la impunidad siga protegiendo a responsables adicionales, incluyendo servidores públicos y terceros involucrados en los hechos.