El Juzgado 13 Administrativo de Tunja ha emitido una orden de desacato contra altos directivos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) por el presunto incumplimiento de una sentencia de tutela que protege los derechos laborales de Héctor Osbaldo Ávila Rodríguez, ex Director Regional del DPS en Boyacá. Entre los funcionarios involucrados se encuentran Gustavo Bolívar Moreno, Director del organismo; Oliverio Orjuela Aguilar, Subdirector de Talento Humano; y Carolina Hoyos Villamil, Secretaria General.
La decisión del juzgado responde a que, tras cuatro años desde la emisión del fallo, el DPS no ha cumplido con lo dispuesto en la sentencia. El fallo, que data del 10 de septiembre de 2019 y fue ratificado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en octubre del mismo año, ordenaba la protección de los derechos de Ávila, quien debía recibir amparo en aspectos clave como la estabilidad laboral reforzada, la seguridad social en salud, el derecho al trabajo y el mínimo vital.
Pese a que la orden judicial era clara y contundente, el incumplimiento por parte del DPS ha derivado en la apertura del incidente de desacato, una medida que busca garantizar el cumplimiento de los derechos laborales del exfuncionario. Según las normas estipuladas en el Decreto 2591, el no acatamiento de una orden de tutela puede tener serias consecuencias legales. Entre las sanciones previstas se incluyen arresto hasta por seis meses, multas de hasta 20 salarios mínimos mensuales y la posibilidad de enfrentar cargos penales por delitos como fraude a resolución judicial o prevaricato por omisión.
El juzgado ha dejado en claro que las autoridades responsables del incumplimiento podrían enfrentar estas sanciones si no se atienden las medidas ordenadas de manera inmediata. La situación pone en evidencia la relevancia de los fallos judiciales en la protección de los derechos laborales y el impacto de su incumplimiento, tanto para las instituciones como para los afectados.
El incidente de desacato no solo implica un llamado de atención a los directivos del DPS, sino que también refleja la importancia de cumplir con las decisiones judiciales que buscan proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso, la negativa a cumplir con la sentencia emitida hace cuatro años pone en riesgo la integridad del sistema de justicia y deja en el aire los derechos de un exfuncionario que, según los fallos judiciales, debe ser restituido en sus derechos laborales y de seguridad social.
Se espera que las autoridades del DPS respondan rápidamente a esta orden judicial para evitar mayores sanciones y garantizar el respeto a los derechos de Héctor Osbaldo Ávila Rodríguez, cuyo caso ha pasado a ser un referente en la lucha por la estabilidad laboral y la justicia en Colombia.