En Colombia, la alarmante tasa de asesinatos de líderes sociales refleja una grave crisis de derechos humanos que el país aún no logra frenar. Según datos recientes de la Procuraduría General de la Nación, cada dos días un defensor de derechos humanos es asesinado en el país. Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2024, se han registrado 1.420 homicidios de líderes sociales, una cifra que evidencia la magnitud de esta problemática, especialmente en las regiones más vulnerables, donde los conflictos por el control territorial y la presencia de grupos armados ilegales agravan la situación.
En respuesta a esta crisis, la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Margarita Cabello Blanco, sostuvo una reunión el pasado 9 de octubre en Washington con Greg Howell, Senior Deputy Assistant Administrator para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Durante el encuentro, ambas partes discutieron la urgente necesidad de mejorar la seguridad de los líderes sociales en Colombia y fortalecer los mecanismos de protección mediante una cooperación más sólida y sostenida.
Las recomendaciones de la Procuraduría al Gobierno Nacional son contundentes: se requiere aumentar la presencia institucional en las zonas afectadas, desarrollar acciones coordinadas entre diferentes organismos del Estado y, sobre todo, implementar medidas efectivas para desmantelar las estructuras criminales que ponen en riesgo la vida de estos líderes. “La situación de los líderes sociales en Colombia demanda una respuesta integral y coordinada”, expresó Cabello, subrayando que la cooperación de USAID es fundamental para impulsar estas acciones de manera efectiva.
El pasado 9 de septiembre, en un esfuerzo adicional para hacer frente a esta crisis, la Corte Constitucional de Colombia declaró un Estado de Cosas Inconstitucional, destacando la insuficiencia de las políticas actuales para proteger a los líderes sociales. La Corte lanzó el Índice de Prevención del Riesgo de Amenazas (IPRA) y la Directiva 005 de 2024, instrumentos que buscan una prevención efectiva de las amenazas que afectan principalmente a defensores en regiones como Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca y Antioquia.
La Procuraduría ha insistido en la necesidad de formular planes de prevención integral y rutas de protección específicas, tanto individuales como colectivas, para detener la creciente violencia contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia. La cooperación con USAID y la adopción de estas medidas representan un esfuerzo conjunto para garantizar que los líderes sociales puedan ejercer su labor en condiciones seguras y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.