El municipio de Tunja deberá ejecutar una serie de acciones para mejorar la infraestructura de la vía en la carrera 6, entre las calles 5 y 6, aledaña a la línea férrea en el barrio Doña Eva, luego de que el Tribunal Administrativo de Boyacá modificara una sentencia previa del Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja. La decisión llega tras una demanda interpuesta por tres ciudadanos que denunciaron la vulneración de derechos colectivos, incluyendo el acceso a un ambiente sano, el uso de espacio público y la seguridad vial.
Los ciudadanos demandantes argumentaron que esta vía, fundamental para conectar los barrios El Jordán y Doña Eva, ha sufrido negligencia en su mantenimiento, acumulando grietas, hundimientos y materiales inadecuados, lo que la hace intransitable en diversas épocas del año. Además, señalaron que el inmueble ubicado en la zona ha invadido parte del espacio público, lo que ha obstaculizado el acceso y tránsito de los habitantes.
El Tribunal de Boyacá determinó que el municipio es responsable del mantenimiento de la vía y que no se habían priorizado las acciones necesarias para pavimentarla, a pesar de que su mantenimiento corresponde a la entidad municipal por tratarse de una vía local. Además, el tribunal destacó que la zona es adyacente a la línea férrea, lo cual implica restricciones de intervención dentro de la franja de seguridad de 10 metros que rodea el corredor férreo.
Órdenes al municipio de Tunja y Consorcio Ibines Ferreo
La sentencia estipula que el municipio, bajo la gestión del alcalde, deberá iniciar en un plazo de seis meses el proyecto para el mantenimiento integral de la carrera 6, entre calles 5 y 6, asegurando el diseño, mejoramiento y demás obras necesarias que garanticen la transitabilidad de la vía, respetando la zona de seguridad de la vía férrea. El alcalde, como autoridad de policía, deberá iniciar un proceso de restitución del espacio público invadido, una acción que, según la sentencia, debe realizarse en un plazo no mayor a 30 días.
Entre las medidas inmediatas, el municipio también debe suspender la ruta de transporte de pasajeros R15A por el tramo afectado de la línea férrea y gestionar un permiso temporal para garantizar la movilidad de los usuarios de transporte público en los barrios afectados. Además, deberá señalizar el área con avisos de prohibición de tránsito vehicular y peatonal, advirtiendo sobre las sanciones para infractores, y reactivar el proceso policivo presentado en 2016 por el Consorcio Dracol Líneas Férreas, que exigía la restitución del bien público invadido.
Por su parte, el Consorcio Ibines Ferreo, administrador actual del corredor férreo, tiene un plazo de dos meses para iniciar la reforestación del área afectada con el objetivo de impedir el paso vehicular en el tramo no autorizado.
Conclusiones del Tribunal sobre la responsabilidad del municipio
El Tribunal concluyó que el municipio de Tunja no puede eximirse de sus responsabilidades de mantenimiento, dado que la vía se clasifica como V-4 dentro de la malla vial local, y enfatizó que no se encuentra en la franja férrea, permitiendo así la intervención municipal en la zona adyacente. Además, un informe de la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos del 2021 confirmó la falta de continuidad en la línea de paramentos de la carrera 6, lo que sugiere que construcciones recientes en la vía podrían haber sido autorizadas sin los debidos permisos.
Finalmente, la Oficina Asesora de Planeación del municipio informó que no existen registros de licencias de construcción para los predios adyacentes en la carrera 6 entre las calles 5 y 6, evidenciando así una posible omisión en los controles de construcción y uso del suelo en esta área.
Esta sentencia marca un precedente importante para la defensa de los derechos colectivos en Tunja, resaltando la obligación de las autoridades locales de garantizar infraestructuras seguras y adecuadas en beneficio de la comunidad.
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