Miguel Ángel Pinto Quintero, exregistrador municipal de Cubará, Boyacá, ha sido judicializado tras ser acusado de emisión de documentos falsos para facilitar la evasión de miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público y supresión, alteraciones o suposición del estado civil, cargos que Pinto Quintero no aceptó.
De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría expedido actas de defunción, registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y otros documentos fraudulentos, permitiendo a cabecillas y miembros de las estructuras del frente de guerra oriental del ELN ocultar su verdadera identidad. Estas acciones habrían ayudado a que los guerrilleros se camuflaran de la justicia mediante identidades falsas o documentos que simulaban su caída.
La investigación está a cargo de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, unidad de la Fiscalía que ha identificado en esta práctica una estrategia recurrente de grupos armados ilegales en su búsqueda para eludir la acción de las autoridades. Esta red de falsificación habría operado en el oriente de Colombia, facilitando la infiltración y ocultamiento de los guerrilleros en diversas regiones.
El caso sigue en etapa de judicialización, y la Fiscalía trabaja en la recolección de pruebas que respalden las acusaciones en contra del exregistrador. Las autoridades también investigan si hubo posibles colaboradores adicionales.