La controversia política en Tunja ha dado un giro inesperado. La Procuraduría General de la Nación ha confirmado que Mikhail Krasnov, actual alcalde de la capital boyacense, se encontraba inhabilitado para ocupar el cargo, y le ha formulado un pliego de cargos por una grave falta disciplinaria. A pesar de estar al tanto de su inhabilidad, Krasnov procedió con su postulación y toma de posesión, lo que podría traer consecuencias legales significativas.
Según el informe del Ministerio Público, Krasnov actuó con dolo, es decir, con pleno conocimiento de que no cumplía con los requisitos legales para ser alcalde. La Procuraduría sostiene que, al presentarse como candidato y asumir el cargo, el mandatario generó un «trastorno al normal funcionamiento» de la Alcaldía, sumiéndola en un limbo jurídico y afectando la imagen institucional ante la ciudadanía.
La inhabilidad de Krasnov se derivó de un contrato de prestación de servicios que firmó con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) poco antes de las elecciones de 2023, lo que lo descalificaba para asumir cualquier cargo público durante ese período. A pesar de ser un profesional de alto nivel, con experiencia en el sector público, su decisión de postularse y ocupar el cargo de alcalde a sabiendas de la inhabilidad, podría considerarse un «detrimento patrimonial al Estado», ya que recibió salarios de manera irregular durante su tiempo en el cargo.
Este escándalo ha sacudido la política local y podría tener implicaciones legales serias para Krasnov, quien ahora enfrenta la posibilidad de ser destituido y sancionado por su conducta. La Procuraduría dejó en claro que, en este caso, la falta es de tal gravedad que se atribuye a una intención deliberada de evadir la ley y beneficiarse indebidamente del erario público.
Aunque las acusaciones de doble nacionalidad fueron desestimadas, el daño a la imagen pública de Krasnov y de la Alcaldía de Tunja es innegable, y el caso sigue siendo un tema candente en la política boyacense.
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