La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, se encuentra en el ojo del huracán tras ser imputada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con un contrato por casi 5.000 millones de pesos. Este contrato tenía como objetivo la implementación de un sistema de validación nacional para el ingreso de hinchas a los estadios de fútbol, pero según las investigaciones, se habrían violado normas legales y el proceso de contratación fue manipulado.
En la audiencia celebrada ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía presentó a Urrutia Ocoró los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos, relacionados con el trámite precontractual. La exministra, quien asumió el cargo entre 2022 y 2023, fue señalada por haber direccionado el proceso para adjudicar el contrato de manera directa, sin cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1622 de 2022, que ordenaba una licitación pública con la participación de varios oferentes.
Según la investigación, Urrutia Ocoró habría intentado en dos ocasiones utilizar intermediarios para asegurar la adjudicación a una empresa en particular, a la que ya se había comprometido, condicionando a los contratistas a subcontratar a esta compañía desde el inicio del proceso. A pesar de las alertas emitidas por su equipo técnico y jurídico sobre las irregularidades en el procedimiento, la exfuncionaria continuó con la firma de un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022.
Los detalles de la investigación revelan aún más irregularidades. Se determinó que en el proceso precontractual no se realizaron los estudios de mercado necesarios, ni se justificaron los costos del contrato, que ascendieron a 4.950 millones de pesos. Además, se evidenció que en la documentación oficial se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en el diseño de la contratación ni en la selección del beneficiario, y se contrató un objeto diferente al que originalmente estaba previsto en el Decreto 1622. Mientras que el decreto habilitaba la contratación del «Diseño e implementación del sistema de validación nacional», el contrato firmado correspondía únicamente a «el análisis de la implementación del sistema», un objeto totalmente distinto.
La Fiscalía también acusó a la exministra de falsedad en documento público por haber firmado estudios previos y actos administrativos que contenían hechos falsos respecto al proceso de contratación.
Este caso ha sacudido al ámbito político y deportivo del país, pues involucra a una exfuncionaria de alto perfil, quien, según la Fiscalía, abusó de su poder para favorecer a una empresa en particular, eludiendo los controles establecidos para garantizar transparencia en los procesos de contratación pública. La imputación de cargos es un nuevo capítulo en una serie de escándalos de corrupción que siguen afectando la credibilidad de las instituciones públicas en Colombia.
La exministra María Isabel Urrutia, quien aún no ha aceptado los cargos, deberá enfrentar el proceso judicial que determinará su responsabilidad en este presunto caso de corrupción. La sociedad y el sector deportivo están atentos a cómo se desarrollan los próximos pasos de la justicia en este caso que involucra una cifra millonaria y un proyecto clave para la seguridad en los estadios del país.
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